¡Buenos días!

Malas noticias: como anunció el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se viene una nueva alza en el precio de los combustibles. En concreto, las gasolinas de 93 y 97 octanos sufrirán una variación de +34,8 pesos por litro ($/lt).

Por otra parte, el diésel subirá 97,4 $/lt. En ese contexto, el gremio de los camioneros exige al gobierno aplicar el Mepco para amortiguar alza del combustible. Los precios se harán efectivos esta medianoche.

Vamos con las noticias 📰.

💡 En la edición de hoy:

🗞️ Dispensarios de cannabis: qué son y cómo funcionan en Chile
🗞️ Qué es ser “iliberal” y por qué califican así a J.A. Kast
🗞️ El difícil avance de la reforma de seguridad de Kast
🗞️ Así es el plan de Quiroz para vender activos prescindibles del Estado

La neurocientífica chilena Kathleen Whitlock obtuvo la máxima calificación en un programa de ilustración botánica del Royal Botanic Garden Edinburgh (RBGE), una de las instituciones más reconocidas del mundo en formación y estudio de esta disciplina.

Whitlock, académica del Magíster en Neurociencias de la Universidad de Valparaíso e investigadora del Instituto Milenio CINV, completó el programa con un “Pass with Distinction”, reconocimiento que le permitirá ser invitada a continuar su formación en el nivel avanzado.

Aunque la ilustración botánica no forma parte de su trayectoria profesional como científica, Whitlock descubrió esta disciplina durante sus viajes de investigación. Su vínculo con el RBGE se fortaleció al conocer la relación histórica de la institución con la flora chilena, que incluye colecciones de especies nacionales y proyectos de investigación y conservación.

Para la investigadora, la experiencia permitió explorar el vínculo entre observación, conocimiento científico y creatividad.

Frase destacada

La reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast enfrenta un escenario bastante más complejo del que La Moneda esperaba. Aunque en Chile Vamos existe disposición a aprobar la idea de legislar, los partidos oficialistas ya anticipan una discusión particular intensa, con reparos a varias de las herramientas propuestas.

El principal punto de tensión es el nuevo estado de excepción. En UDI, RN y Evópoli existe preocupación por que algunas normas puedan debilitar los contrapesos institucionales y afectar libertades. El debate incluso ha instalado comparaciones con el modelo de Nayib Bukele en El Salvador y la discusión sobre si el gobierno está avanzando hacia un esquema “iliberal”.

En Chile Vamos, sin embargo, buscan separar esas críticas del respaldo a la agenda de seguridad. La estrategia será apoyar la idea de legislar y concentrar las objeciones en normas específicas. RN ya convocó a constitucionalistas como Juan José Ossa, Teodoro Ribera y Marisol Peña para analizar el proyecto, mientras que la UDI prepara indicaciones para modificar los aspectos que generan mayor inquietud. Diputados de la coalición, además, ya entregaron ocho propuestas al Ejecutivo.

El problema no es solo político. La tramitación también se ha complicado. La reforma, que el gobierno esperaba despachar en 15 días, no alcanzará ese plazo. La Comisión de Constitución del Senado no la puso en tabla esta semana y la próxima no habrá actividad legislativa por el receso territorial. En el mejor escenario, el debate comenzaría durante la primera semana de septiembre.

A esto se suma una situación poco común: el proyecto será revisado por tres comisiones del Senado —Constitución, Seguridad y Defensa—, pese a que se trata de una reforma constitucional de apenas una página. La decisión terminó adoptándose tras una descoordinación en la sala y no podrá revertirse sin unanimidad.

Así, la reforma que Kast considera el corazón de su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo avanza, pero a un ritmo muy distinto al esperado. Con la derecha dividida sobre algunas de sus herramientas y la oposición controlando las comisiones clave, el gobierno deberá negociar mucho más de lo previsto si quiere cumplir la meta presidencial de tener sus principales leyes de seguridad aprobadas antes de Navidad.

“Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha comentado, sobre todo en distintas columnas, de que uno o yo podría ser el representante de un gobierno iliberal. Y creo que es un buen momento para también ir aclarando ciertas cosas (…). ¿Alguna vez alguien podría decir que hemos abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático? No. ¿Acaso he censurado algún medio de comunicación diciendo ‘este medio de comunicación no puede entrar’?”.

Con esas palabras, el presidente José Antonio Kast se defendió de los cuestionamientos que se le han hecho esta semana a él y a la iniciativa de cambios constitucionales que presentó, que es parte de la reforma de seguridad. Pese a ello, varias figuras, entre ellas el ex ministro del Interior Álvaro Elizalde, entraron al debate afirmando que ésta se trata de “la reforma más expresamente iliberal que presenta el Gobierno de Kast“.

Pero, ¿qué quiere decir ese concepto? Ser iliberal significa defender un sistema político que no da prioridad al liberalismo, especialmente en lo que respecta a los derechos individuales, la separación de poderes y los límites al poder del Estado.

Quienes se identifican con este modelo suelen dar más importancia al orden, la seguridad o la identidad nacional que a ciertas libertades individuales; consideran que la voluntad de la mayoría debe prevalecer incluso si limita algunos derechos de las minorías; favorecen un poder ejecutivo más fuerte y menos controles institucionales; y restringen, en mayor o menor medida, la independencia de los tribunales, los medios de comunicación o las organizaciones civiles.

¿Por qué se asocia a la extrema derecha? No porque “iliberal” signifique automáticamente ser parte de ese sector. La relación viene de que algunos movimientos contemporáneos de extrema derecha han adoptado posiciones democráticas en lo electoral, pero iliberales en lo institucional y en materia de derechos.

Un buen ejemplo es Viktor Orbán en Hungría, quien utilizó explícitamente el concepto de "democracia iliberal" para describir su modelo político. El caso es interesante porque Orbán llegó al poder mediante elecciones, pero su gobierno fue acusado de debilitar contrapesos institucionales, medios independientes y otros elementos del Estado liberal.

“El momento es ahora”. Con esa definición, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó este martes ante la comisión de Hacienda de la Cámara el plan del Ejecutivo para acelerar la venta de activos prescindibles del Estado y destinar parte de los recursos a recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

La estrategia contempla la enajenación de participaciones societarias, inmuebles y terrenos considerados prescindibles para la administración pública. Quiroz aseguró que el proceso será mediante licitaciones “transparentes, competitivas y abiertas”. El objetivo, dijo, no es desprenderse del patrimonio estatal, sino convertir esos activos en recursos que puedan generar rentabilidad y servir como respaldo ante eventuales coyunturas económicas.

El Ejecutivo ya recibió las respuestas de organismos estatales a un oficio enviado en abril para identificar los bienes imprescindibles y aquellos potencialmente enajenables. Con esa información, la materialización del programa se acelerará durante las próximas semanas.

Parte de los recursos irá al FEES, fondo que se encuentra por debajo de los niveles considerados óptimos por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). A junio, acumulaba US$3.884 millones en activos, equivalentes a cerca de 1% del PIB, mientras que el rango considerado adecuado se ubica entre 5% y 7% del Producto.

La propuesta enfrenta críticas de parlamentarios que cuestionan la venta de patrimonio público. La diputada DC Priscilla Castillo planteó que la recomposición del FEES debería abordarse mediante mayor recaudación tributaria y superávits fiscales. Quiroz respondió que esa vía tomaría demasiado tiempo y podría implicar una mayor carga para la economía.

En paralelo, el ministro descartó nuevamente que el plan implique privatizar Codelco. La estatal seguirá bajo control del Estado, aunque podrá asociarse con privados en proyectos específicos, manteniendo el control estatal de la compañía.

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Operan como asociaciones sin fines de lucro, exigen receta médica y entregan cannabis solo a sus socios. La legislación chilena no los contempla, pero hay al menos 56 repartidos en el país. 

Hasta hace una semana, la palabra "dispensario" circulaba casi exclusivamente entre pacientes, cultivadores y activistas cannábicos. El operativo policial del 13 de agosto, que incluyó 42 órdenes de entrada y registro entre Antofagasta y Aysén, más de 500 carabineros desplegados y 72 detenidos, la puso en los titulares policiales y de farándula.

Pero el caso judicial, con imputados que la Fiscalía acusa de haber usado ese formato como fachada para el narcotráfico, dejó en segundo plano una pregunta más básica: ¿qué es exactamente un dispensario de cannabis en Chile, sobre qué se sostiene y cómo funciona?

La respuesta empieza por una paradoja: no existe en la ley. En Chile no hay licencias para dispensarios, no hay un registro estatal que los reconozca y no existe la figura comercial de una tienda de cannabis abierta al público. Tampoco existen los coffee shops al estilo holandés ni el modelo minorista de Uruguay, Canadá o varios estados de Estados Unidos.

En rigor, lo que existe en el país son asociaciones de usuarios de plantas medicinales o clubes de cultivo colectivo, que son organizaciones cuyos miembros ceden su derecho individual de cultivo a la agrupación, que cultiva a nombre de todos y luego distribuye la cosecha entre ellos.

La distinción no es semántica. Define el límite entre lo que estas organizaciones sostienen que hacen, específicamente el autocultivo asistido, en circuito cerrado, y lo que la ley chilena sanciona, que es producir y entregar cannabis a terceros.

Así las cosas, los dispensarios se amparan en una combinación de normas que nunca fueron diseñadas para ellos.

La Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, es la columna vertebral. Sus artículos 4, 8 y 50 castigan el tráfico y el cultivo no autorizado, pero resguardan el consumo, porte y cultivo destinado al uso "personal, exclusivo y próximo en el tiempo". 

El artículo 8 sanciona sembrar o cultivar cannabis sin autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), salvo que se justifique adecuadamente ese destino personal.

La Ley 21.575, conocida como Ley Antinarco y publicada en 2023, agregó que se entiende justificado el cultivo destinado a un tratamiento médico cuando se presenta una receta extendida por un médico cirujano tratante, que debe indicar el diagnóstico, el tratamiento, su duración y la forma de administración, la que expresamente no puede ser por combustión. La misma norma sanciona con presidio mayor en su grado mínimo a quien falsifique o use recetas falsas para justificar un cultivo. 

Pero el vacío está en el medio. La ley protege al paciente que cultiva para sí mismo con una receta en la mano. Nada en ella autoriza expresamente a una organización a producir para otros y entregarles el producto. 

Así, el modelo de dispensario en Chile, con variaciones entre organizaciones, sigue una lógica común.

El ingreso es por membresía. Los requisitos incluyen ser mayor de edad, presentar cédula de identidad vigente y una receta médica digital con código QR emitida hace menos de 90 días, que especifique la patología y el tratamiento. Varias organizaciones piden además certificado de antecedentes. La solicitud se revisa y puede ser rechazada.

El socio cede su derecho de cultivo. Al asociarse, el miembro mandata a la organización para que cultive a su nombre las plantas que su tratamiento requiere. Esa es la base jurídica del cultivo colectivo: no hay un vendedor y un comprador, sino un grupo que cultiva para sí mismo a través de una estructura común.

Cada dosis dispensada debería corresponder a lo que indica la prescripción del usuario, según variedad, cantidad y tipo de producto. La receta es personal e intransferible. Los productos van desde flores secas hasta aceites, ungüentos, comestibles y formatos para vaporizador.

No hay atención a público sin inscripción previa, el consumo no está permitido dentro del recinto y, en teoría, el volumen del cultivo debe ser proporcional al número de socios inscritos. Muchas organizaciones operan con pedidos en línea y despacho a domicilio.

El dinero se llama aporte, no precio. Como se trata de entidades sin fines de lucro, las organizaciones registran los pagos como donaciones o cuotas de membresía destinadas a financiar infraestructura, insumos y remuneraciones.

En una vía paralela, desde 2015, el Ministerio de Salud incorporó el cannabis y sus derivados al arsenal terapéutico de los médicos chilenos, habilitando su uso médico y de investigación. Los medicamentos derivados de cannabis se dispensan en farmacias, con receta retenida y bajo control del Instituto de Salud Pública.

El problema, según organizaciones de pacientes, es la oferta: los productos registrados son pocos y no cubren la diversidad de patologías ni las formulaciones que muchos tratamientos requieren. 

De acuerdo con un catastro de la consultora Colliers difundido esta semana, en Chile funcionan 56 dispensarios de cannabis. Treinta están en la Región Metropolitana, que concentra el 54% del total. La presencia se extiende, además, a Valparaíso, Concepción, Chillán, Curicó, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, según los directorios que mantienen las propias organizaciones del sector.

El criterio que suele definir los casos es la proporcionalidad: si el volumen del cultivo excede lo que razonablemente necesitan los socios inscritos, la tesis del autoabastecimiento se cae. 

En la causa que hoy está en tribunales, el Ministerio Público está usando además el umbral de 0,2% de THC como elemento para configurar el delito de tráfico, distinguiendo el cáñamo autorizado para extraer cannabidiol (CBD) del cannabis psicoactivo.

La tesis del Ministerio Público es que una organización usó la estructura del Dispensario Nacional y sociedades vinculadas para cultivar, distribuir y comercializar cannabis con THC fuera del marco legal, generando ganancias millonarias. 

Tanto Carabineros como la Fiscalía precisaron que la indagatoria no está dirigida contra el cannabis medicinal, los pacientes ni el uso terapéutico dentro del marco legal, sino contra quienes habrían usado esa regulación como fachada.

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Daniel Martínez G.
Editor 7am