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El ministro de Agricultura, Jaime Campos, afirmó que el sistema frontal no ha provocado daños estructurales de consideración en el sector agrícola, aunque sí ha generado problemas logísticos que podrían traducirse en una escasez temporal de algunos alimentos y, con ello, en alzas acotadas de precios durante los próximos días.

"Hay algunos rubros específicos que se van a ver afectados o que están siendo afectados. Fundamentalmente el sector hortícola", indicó y advirtió que "se puede producir por algunos días escasez de esos productos y eso naturalmente apunta o tiende a que aumenten los precios".

Para estar atentos.

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💡 En la edición de hoy:

De Lagos a Boric. 🗞️ Las otras veces que los presidentes han recurrido al veto
Quiénes lo componen. 🗞️ Qué es el Foro Madrid, la cumbre de líderes de ultraderecha que se reunirá en Santiago
¿Competencia a Bachelet? 🗞️ Cómo se explica que Trump quiera al presidente de la FIFA para encabezar la ONU
Problemas en el Senado. 🗞️ Gobierno megarreforma queda postergada hasta agosto
Deslealtad. 🗞️ La indignación en el oficialismo con Mara Sedini y su explosiva reaparición

Una buena noticia de este miércoles 22 de julio viene desde La Araucanía: los resultados de la PAES de Invierno mostraron una mejora importante en el desempeño de los postulantes de la región.

Más de 1.700 personas rindieron la prueba y, según los resultados conocidos hoy, se registró un aumento cercano a 30 puntos en Matemática 1, además de avances en otras áreas evaluadas.

Es una señal positiva porque el incremento se produce en una región que históricamente ha enfrentado brechas educativas respecto del promedio nacional. Los resultados de la PAES de Invierno también permiten a quienes participaron utilizar sus mejores puntajes en el próximo proceso de admisión universitaria.

El próximo 3 de septiembre, el Foro Madrid —una alianza internacional que reúne a partidos, líderes y organizaciones de derecha y ultraderecha— realizará su V Encuentro Regional en Santiago. La fecha y el lugar no son casuales.

El encuentro coincidirá con un nuevo aniversario del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, resultado que califican como una de las mayores "victorias democráticas" de la región. Por otra parte, la organización explicó que eligió a Chile tras la elección de José Antonio Kast como presidente, ya que el país inicia una nueva etapa que servirá como referencia para fuerzas afines en Iberoamérica.

De acuerdo a lo que explicaron, su elección tiene un profundo significado para el presente y el futuro del bloque, que aspira a “recuperar la seguridad, la prosperidad, la libertad y el sentido común en sus naciones”.

Pero ¿qué es el Foro Madrid? Se trata de una organización impulsada por la Fundación Disenso y vinculada al partido español Vox. Se definen como una alianza en defensa de la democracia, la libertad y el Estado de derecho, y se presentan como un contrapeso al Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista, a los que acusa de impulsar agendas de izquierda en América Latina.

¿Quiénes participan de estos encuentros? Aún no están confirmados los invitados, pero los asistentes habituales son el presidente de Argentina, Javier Milei, el líder de Vox, Santiago Abascal, integrantes de la familia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el líder del partido portugués Chega, André Ventura.

La expresidenta Michelle Bachelet pronto podría tener un nuevo rival en sus aspiraciones con convertirse en la primera secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), si se concretan los deseos del presidente Donald Trump de postular para el cargo al actual presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino.

El rumor —hasta ahora sin confirmación— fue revelado por el diario The New York Post, donde aseguran fuentes cercanas al mandatario que se estaría evaluando esta alternativa, luego de que Trump e Infantino hayan desarrollado un estrecho vínculo en los últimos años, que podrían ponerlo a la cabeza a la principal organización mundial.

Infantino, en todo caso, no figura como candidato oficial en carrera a las Naciones Unidas dentro de las seis candidaturas ni tampoco él lo ha insinuado, sino que más bien se tratan de supuestos deseos del mandatario estadounidense, cuyo país tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, quienes elegirán a fin de año al próximo secretario o secretaria general.

El medio explica que parte importante de las razones por las que Trump querría a Infantino encabezando la ONU se relacionan con el estrecho vínculo que desarrollaron durante la organización y realización del Mundial de 2026, además de que ve al suizoitaliano como una figura externa a la diplomacia tradicional y un eventual aliado al mando del organismo internacional.

Esto último, sobre todo después de que la FIFA le entregó, previo al mundial, el primer Premio de la Paz que concede en su historia.

El Gobierno sufrió este miércoles un duro revés legislativo en la recta final de la megarreforma. Pocas horas después de que la Cámara de Diputados aprobara por 80 votos a favor, 48 en contra y dos abstenciones el informe de la comisión mixta, el Senado aplazó su votación ante el riesgo de que fuera rechazado en la Sala.

La solicitud fue impulsada por la UDI, luego de que el oficialismo perdiera apoyos clave y quedara sin los 26 votos necesarios para ratificar el texto. Ante ese escenario, La Moneda retiró la urgencia y la definición quedó para la primera semana de agosto, después de la semana regional.

El escenario se complicó tras el anuncio del senador Gustavo Sanhueza (UDI) de que votaría en contra, además de la salida de la Sala de Enrique Van Rysselberghe (UDI) y Vanessa Kaiser (PNL). Rojo Edwards (Ind.-RN) y Matías Walker (Ind.) también se aprestaban a rechazar el informe.

“Están los votos, pero no están acá”, sostuvo el biministro Claudio Alvarado, quien atribuyó inicialmente el problema a las ausencias. Walker, en tanto, condicionó su respaldo a que se garanticen recursos para las zonas afectadas por el sistema frontal. “No puede haber Ley de Reconstrucción sin los recursos para reconstruir la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco”, afirmó.

El informe pendiente establece el mecanismo para compensar a los municipios por la menor recaudación que generará la exención de contribuciones a la primera vivienda de mayores de 65 años. La fórmula contempla que la Tesorería transfiera los recursos necesarios, estimados en cerca de US$70 millones.

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La decisión del gobierno de José Antonio Kast de presentar cuatro vetos supresivos a la denominada Ley de Reconstrucción reinstaló el debate sobre esta atribución, la que, a pesar de su visibilidad, se utiliza muy pocas veces en el proceso legislativo: desde el retorno a la democracia, todos los mandatarios lo han utilizado, aunque con frecuencias muy distintas y solo 51 de 1.753 leyes lo enfrentaron en las últimas dos décadas.

Actualmente, el Ejecutivo prepara observaciones para suprimir cuatro normas incorporadas a la megarreforma: eliminar el derecho al olvido financiero, el pago a 30 días a las pymes, la prohibición de cortar servicios básicos en zonas de catástrofe y la prohibición del anatocismo.

Según el registro de la Biblioteca del Congreso Nacional, las materias vetadas han sido diversas: normas laborales, educacionales, penales, de protección al consumidor y de emergencia. 

Entre los casos figuran la ley que moderniza el sistema de relaciones laborales y la que crea el Día Nacional del Trabajador Forestal, ambas publicadas en 2016; la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2009); la normativa sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, conocida como Ley de Etiquetado, en 2012; la que permitió la televisión digital terrestre (2014); y, como la más reciente del registro, la Ley de Delitos Económicos, publicada en agosto de 2023.

El período de mayor concentración de vetos coincide con la crisis sanitaria por el COVID-19. Durante 2020, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, resultaron observadas la ley que concedió el indulto general conmutativo para descongestionar las cárceles, la que prorrogó el plazo de renovación de los permisos de circulación y la que dispuso medidas en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, de electricidad y de gas.

Esta última resulta especialmente pertinente hoy: se trata precisamente del tipo de norma, es decir, la protección de los usuarios frente a cortes de suministro, que el gobierno de Kast busca ahora suprimir de la megarreforma para las zonas afectadas por catástrofes.

El veto presidencial es una atribución del presidente de la República para formular observaciones a un proyecto ya despachado por el Congreso, en la etapa previa a su promulgación. 

El mecanismo está en el artículo 73 de la Constitución y permite al presidente formular observaciones a un proyecto ya despachado por el Congreso, dentro de un plazo de treinta días, siempre que se relacionen con las ideas matrices de la iniciativa. No es un veto absoluto, ya que reabre la discusión legislativa.

Existen tres tipos: aditivo (agrega un artículo o capítulo), sustitutivo (reemplaza una frase o artículo) y supresivo (elimina parte del proyecto). 

La clave del caso actual está en la mecánica del supresivo: si la Cámara y el Senado lo rechazan, el artículo objetado igualmente se cae, salvo que ambas corporaciones reúnan dos tercios para insistir en el texto original, lo que le da al Ejecutivo una ventaja sobre el Congreso en esta etapa final. Como son cuatro normas, basta con presentar cuatro observaciones supresivas, que deben ser votadas por ambas cámaras.

Un documento del Congreso citado por La Tercera atribuyó 20 vetos a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 17 a Ricardo Lagos, 8 a Patricio Aylwin y 16 a Michelle Bachelet en sus dos períodos; 25 vetos de Frei y 20 de Piñera, entre otros, para respaldar la potestad del Ejecutivo. 

Durante los gobiernos de Michelle Bachelet el veto dejó episodios recordados. En su primer mandato observó la ley que modificó el Código del Trabajo (2007), la normativa sobre subvenciones a establecimientos educacionales (2007) y la que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (2009). 

En el segundo mandato vetó la ley que moderniza las relaciones laborales y la que instituye el Día Nacional del Trabajador Forestal, ambas en 2016.

El caso más comentado fue la Ley del Lobby. Ante las críticas de organizaciones de transparencia, el gobierno ingresó un veto sustitutivo que recogía esas objeciones, pero la Cámara lo rechazó y, en palabras del entonces parlamentario José Antonio Viera-Gallo, "quedamos sin ley". La norma terminó siendo promulgada recién en marzo de 2014, ya bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera.

El segundo mandato de Piñera concentró algunos de los vetos más polémicos de la última década, en plena emergencia sanitaria. En 2020, tras la aprobación del proyecto de indulto general conmutativo para descongestionar las cárceles frente al COVID-19, La Moneda debió ingresar un veto aditivo para reponer normas clave que habían dejado caer parlamentarios de su propio sector, molestos porque la iniciativa no excluía a condenados por violaciones a los derechos humanos.

La ley, que benefició a cerca de 1.300 reclusos con arresto domiciliario, fue promulgada en abril de ese año y sorteó dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Y frente al proyecto de indulto para imputados y condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de octubre de 2019, anticipó públicamente que lo vetaría, al calificarlo como "un mal proyecto" que atentaba contra el orden público.

El gobierno de Gabriel Boric también recurrió con frecuencia al veto. Lo hizo en la ley de usurpaciones (2023), en el proyecto que fijó una multa por no sufragar y habilitó las elecciones en dos días (2024) y en la ley de simplificación regulatoria (2025), donde el propio Ejecutivo vetó indicaciones que había impulsado en materia de humedales y aguas subterráneas. 

En febrero de 2026, a semanas de dejar el poder, ingresó un veto sustitutivo a la Ley Integral de Personas Mayores, que el gobierno de Kast retiró en marzo para permitir su promulgación.

Más allá de las cifras, el uso del veto arrastra una constante política: casi siempre es objetado por quien se encuentra en la vereda opositora. El argumento de fondo se repite en cada episodio: la potestad del Ejecutivo frente a la autonomía del Legislativo y el respeto a las mayorías.

La discusión de las observaciones no comenzaría antes de agosto, mientras la oposición ya recurrió al Tribunal Constitucional.

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Daniel Martínez G.
Editor 7am