Bueeeeenos días ☁️🌧️☁️

El paraguas vuelve a ser protagonista: un nuevo sistema frontal avanza por el país durante los próximos días, dejando precipitaciones e inestabilidad desde la zona central hacia el sur.

La Dirección Meteorológica de Chile advierte sobre una probabilidad de tormentas eléctricas entre la tarde de ayer miércoles y la noche del viernes, con nueve regiones bajo aviso. Entre hoy y mañana, la posibilidad se concentra en sectores de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Vamos con noticias…

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💡 En la edición de hoy:

🗞️ Por qué la propuesta de estado de excepción de Kast preocupa a constitucionalistas
🗞️ Ingresos irregulares detectados en Arica aumentan 62,3% durante 2026
🗞️ Oficialismo busca "salvar la reforma", pero La Moneda se aferra al nuevo estado de excepción

Una buena noticia desde la ciencia chilena. María Javiera Valenzuela, estudiante de 17 años del Liceo Experimental Manuel de Salas, diseñó un sistema energético híbrido que podría reducir el uso de diésel en las bases científicas de la Antártica.

Su propuesta combina energía solar, eólica y un microrreactor nuclear con combustible TRISO. La idea es que las fuentes renovables aporten cuando las condiciones lo permitan, mientras el reactor entregue energía de respaldo de manera continua.

Según sus cálculos, un sistema de este tipo podría evitar la emisión de unas 3.254 toneladas de CO₂ al año en una base de gran tamaño.

La propuesta fue desarrollada en el marco de la Feria Antártica Escolar 2026 y todavía es un diseño conceptual. Pero muestra cómo el talento científico joven puede aportar nuevas ideas para enfrentar desafíos ambientales y energéticos. Una buena noticia que demuestra que la ciencia chilena también está pensando en el futuro.

Ya te hemos contado que por la megarreforma que se aprobó en el Congreso, desde el próximo año los Fondos 107 LIR tributarán un 0% por las ganancias de capital.

La duda que todavía tienen varios inversionistas es cómo aplican los beneficios de estos fondos a las sociedades que invierten a través de Fintual.

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La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno enfrenta un escenario complejo: además de las críticas de la oposición, sectores del propio oficialismo han cuestionado su contenido y puesto en duda que tenga los votos para avanzar. Por eso, la estrategia de La Moneda apunta ahora a modificar la propuesta para intentar rescatarla.

El principal foco de conflicto es el nuevo estado de excepción que contempla la iniciativa. La medida permitiría restringir determinadas libertades por razones de seguridad pública durante 120 días, sin necesidad de una aprobación previa del Congreso. Para la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), eliminar esta disposición podría ser precisamente la fórmula para "salvar la reforma".

La advertencia es concreta: si el estado de excepción se mantiene, la iniciativa podría no conseguir siquiera los 29 votos necesarios para aprobar la idea de legislar. El senador Matías Walker también planteó que sería mejor concentrarse en proyectos de seguridad que ya están en el Congreso, como las reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica e inteligencia económica.

Por lo mismo, RN, el Partido Socialista y otras colectividades opositoras se han empezado a reunir para aunar un acuerdo con las medidas que sí tendrían los votos suficientes para salvar la reforma del fracaso legislativo.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, intensificó sus reuniones con parlamentarios oficialistas y aliados para recoger propuestas y construir respaldos, aunque también ha transmitido a sus parlamentarios que mantendrá la reforma en los términos en que fue diseñada, aunque no en todos sus aspectos: no soltarían la idea de tener un nuevo estado de excepción.

Así, el Gobierno enfrenta una disyuntiva: flexibilizar una de sus medidas más controvertidas para asegurar la supervivencia de la reforma o mantenerla y arriesgar que todo el proyecto naufrague antes siquiera de comenzar su tramitación.

La detección de ingresos irregulares de personas extranjeras aumentó un 62,3% en la Región de Arica y Parinacota durante los primeros siete meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones difundidas por la Delegación Presidencial Regional, los registros pasaron de 917 entre enero y julio de 2025 a 1.488 este año.

La autoridad aclaró que las cifras corresponden a personas detectadas que ingresaron por pasos no habilitados en distintos momentos, por lo que no necesariamente se trata de ingresos ocurridos durante los últimos doce meses.

El aumento se concentra principalmente en personas provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador. Estas tres nacionalidades representan el 88,6% del total registrado en 2026 y explican el 97,4% del incremento neto observado en la región.

El dato vuelve a poner bajo la lupa las medidas implementadas por el Gobierno en la frontera norte, entre ellas el denominado Plan Escudo Fronterizo y la construcción de una zanja en la zona limítrofe.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, entregaron otra lectura. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que el aumento está relacionado con una mayor capacidad de fiscalización. “A medida que el Gobierno realiza una mayor cantidad en las fiscalizaciones”, explicó, se detecta un mayor número de personas que ingresaron por pasos no habilitados. A su juicio, las cifras están mostrando los resultados esperados.

La oposición cuestionó esa explicación. El diputado Jaime Araya (Ind-PPD) calificó los resultados como un “fracaso” del Plan Escudo Fronterizo y pidió citar al ministro de Seguridad, Martín Arrau, a la Comisión de Seguridad de la Cámara para que explique el aumento y las medidas que se adoptarán.

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El 10 de agosto recién pasado, el presidente José Antonio Kast firmó la reforma constitucional de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). El borrador contemplaba once modificaciones, pero el texto que ingresó al Senado con suma urgencia quedó recortado a ocho. El rechazo fue transversal y el 24 de agosto el Ejecutivo bajó la urgencia legislativa.

Dos días después, RN presionaba al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para retirar el nuevo estado de excepción, entendido como el corazón del proyecto, y fortalecer en su lugar el Estado de Emergencia vigente. 

La reforma requiere 29 votos en el Senado y al menos cuatro aliados (Matías Walker, Miguel Ángel Calisto, Vanessa Kaiser e Ignacio Urrutia) no respaldarían ni siquiera la idea de legislar. El debate comenzaría la segunda semana de septiembre.

En este contexto, tres constitucionalistas analizaron con 7am el proyecto que RN ya negocia desmantelar con la oposición. Coinciden en que la nueva figura se parece a la prevista para tiempos de guerra, pero discrepan en la urgencia de legislar y la desigualdad ante la ley.

Camila Troncoso, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la U. de Chile; Felipe Lizama, académico de la Facultad de Derecho de la Usach, y Javier Couso, académico de la UDP, coinciden en asimilar la nueva figura al estado de excepción previsto para guerra externa. Para Lizama, los plazos permitirían mantener estos estados "casi más largos que los de los estados de emergencia, y asimilarlos de facto a los estados de asamblea", aunque son riesgos potenciales.

Troncoso recuerda que el país ya cuenta con cuatro estados de excepción y repara en el verbo del proyecto: "Agregar otro, que además plantea suspender la libertad personal, ni siquiera restringirla, afecta absolutamente los derechos individuales y está implicando más facultades aún que el estado de sitio o el estado de asamblea, que son estados pensados para la guerra". Añade que, además, la inhabilitación de quince años para acceder a prestaciones estatales afecta la prohibición de regresión y la igualdad.

Couso extrae de ahí una consecuencia. Suspender, explica, es perder del todo el goce de un derecho: "Eso implica la posibilidad de reintroducir el exilio en Chile, porque se puede arrestar, detener, relegar, impedir la salida del país durante los ocho meses en que el presidente, por sí y ante sí, podrá tomar estas medidas". Sin precedentes en tiempos de paz, advierte, y con un riesgo que no se agota en este gobierno: "Nada va a poder impedir que un presidente futuro que tenga objetivos autoritarios detenga periodistas, políticos que no sean parlamentarios o a la ciudadanía en general."

Sobre la inhabilitación de acceder a derechos sociales, Couso suma un argumento: "Cuando un exconvicto tiene las puertas de la reinserción cerradas, la reincidencia criminal es una de las pocas opciones que de facto le quedan." 

Su tercera objeción apunta a que sean autoridades políticas las que determinen qué grupos integran la lista de organizaciones criminales, "cuando esa es una labor típicamente de los jueces, que son imparciales y no políticos".

El Gobierno sostiene que las atribuciones del nuevo estado de excepción quedarán delimitadas en una ley orgánica posterior, a la que el texto también entrega la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas.

Troncoso lo rechaza por incertidumbre: "Es absolutamente no defendible, porque es firmar un cheque en blanco.  Las normas no se pueden basar en la confianza en una determinada autoridad pública".

Couso lo declara jurídicamente imposible: "La idea de que la reforma tendrá límites en la ley orgánica constitucional es incorrecta, por un principio que se denomina supremacía de la Constitución". La ley, precisa, "puede establecer modalidades de ejercicio, pero no puede limitarlas, recortarlas".

Lizama confía en la tramitación: "Nada de esto está escrito sobre piedra (…) están todos llanos a conversar".

Es en la propuesta de aplicar estados de excepción constitucional por zonas delimitadas o barrios donde los expertos se separan.

Troncoso apela al derecho internacional: "En los estados de excepción, para cumplir con todos los estándares internacionales, la suspensión de garantías no tiene que discriminar". Cita el artículo 27 de la Convención Americana y el 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y suma un argumento de efectos: "Sabemos, de antemano, que no va a ser cualquier barrio el afectado, por lo que la discriminación se va a ver en la práctica".

Couso, sin embargo, descarta esta objeción: el artículo 19 N°2 prohíbe las diferencias arbitrarias, esto es, "aquellas que no pueden ser defendidas racionalmente". Y recurre a un símil: cuando se decreta estado de catástrofe solo en Valparaíso tras un incendio, "no se está discriminando a los porteños en relación a los viñamarinos". La misma lógica, sostiene, aplica a un barrio asolado por el crimen organizado. Concede, eso sí, un flanco: al tratarse de una figura nueva, no se sabe cómo la ley orgánica configurará su ejercicio, de modo que su descarte apunta al diseño en abstracto y no a su implementación.

Su respuesta encierra una consecuencia para la negociación en curso: el estado de emergencia vigente podría aplicarse por barrios mediante ley orgánica, sin reforma constitucional, que es precisamente la fórmula que RN discute con la oposición. Pero de su razonamiento se desprende un límite, ya que si esa ley solo puede fijar modalidades y no ampliar atribuciones, robustecer la emergencia con interceptación de comunicaciones o restricción del derecho de asociación exigiría igualmente una reforma constitucional.

Kast ha sostenido que la libertad en Chile ya fue restringida por el crimen organizado, y Arrau insiste en que se requiere un estado de excepción local. Entonces, sobre cómo conciliar la lucha contra el crimen organizado y la defensa de las libertades individuales, Lizama ubica el riesgo en la parálisis: "Los riesgos serían únicamente mantener la situación en las medidas en que está, y no considerar el paquete legislativo completo". 

Troncoso, por su parte, en la reforma misma: hay que mejorar la gestión y la legislación, dice, "pero eso no significa dar pie a esta reforma constitucional, que va en el sentido de restringir derechos".

Couso ofrece un contraejemplo histórico. Italia enfrentó a la mafia y a las Brigadas Rojas, con asesinatos de jueces y fiscales y el secuestro del líder de la Democracia Cristiana, "sin contemplar ni introducir estados de excepción constitucional, y sin pasar a llevar los derechos fundamentales de las personas que no eran parte del crimen organizado". 

De ahí su conclusión: "Me parece que es una falsa dicotomía". Chile, argumenta, tiene una tradición constitucional más robusta que la de El Salvador, país que entregó todos los poderes a Nayib Bukele y "que ahora tiene seguridad pero no tiene libertad".

Su cierre apunta al propio Gobierno: Italia aparece mencionada en el mensaje presidencial como un caso positivo, "pero la propuesta de reforma constitucional no lo sigue".

📚 “Cuando fuimos huérfanos”

🎥 “Cape Fear”

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Daniel Martínez G.
Editor 7am