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Luego de años de bajas en los matrimonios celebrados en Chile, en los últimos años la tendencia ha comenzado a revertirse. Durante el primer trimestre de 2026, se registró un aumento de 12,9% respecto del mismo período del año anterior.

Acá un dato interesante: al comparar cada mes con su equivalente del año anterior, enero subió un 9,81%, febrero un 9,96% y marzo un 20,62%.

Por otra parte, los Acuerdos de Unión Civil (AUC) continúan consolidándose. En el mismo periodo, se registraron 6.371 uniones, cifra que representa un aumento de 41,2% respecto de igual período de 2025.

Vamos con más noticias 🗞️

💡 En la edición de hoy:

Estados Unidos 🗞️ ICE ahora hace redadas contra sus críticos en redes sociales
Operación Renta 🗞️ Cuántos deudores CAE no recibieron su devolución de impuestos
Estallido social 🗞️ Kast confirmó que sí indultará a uniformados condenados
Megarreforma 🗞️ Por qué la oposición acusa creación de un “seguro privado con fondos públicos”
Emmy 2026 🗞️ La lista completa de las nominaciones de los premios

📷 Imagen del día

El Gobierno de Santiago abrió el proceso de licitación del Paseo Fluvial Mapocho, un proyecto de 5,2 kilómetros en la ribera sur del río que contempla circulación peatonal, ciclovía, iluminación, CCTV y mobiliario urbano. La obra se extenderá entre Providencia y Santiago.

Un nuevo hito para la ciencia aeroespacial chilena se concretó con el lanzamiento del SUCHAI-4, un nanosatélite desarrollado por investigadores de la Universidad de Chile que funcionará como un laboratorio autónomo a unos 590 kilómetros de la Tierra. El dispositivo despegó a las 03:10 horas de Chile desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California.

Desarrollado por el Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria (SPEL) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el SUCHAI-4 pesa cinco kilos y tiene un volumen de cinco litros. Pese a su pequeño tamaño, realizará cerca de 60 experimentos científicos y tecnológicos.

Entre sus innovaciones destaca un sistema de control de alta precisión que permitirá probar comunicaciones ópticas mediante láser hacia la Tierra. También evaluará sistemas de radio para obtener información desde zonas remotas, transportará un telescopio capaz de observar en los espectros ultravioleta e infrarrojo cercano y analizará muestras biológicas para estudiar su reacción al ambiente espacial.

El proyecto fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y contó con la participación de instituciones chilenas y socios internacionales.

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El Servicio de Impuestos Internos (SII) entregó, en conjunto con la Tesorería General de la República (TGR) el balance final de la Operación Renta 2026, con algunos datos interesantes donde hacer zoom. En total, se aplicaron retenciones y/o compensaciones a 740.512 personas por un total de $162.766 millones.

Dentro de esa cifra se incluye a 36.817 contribuyentes deudores de pensiones de alimentos, a quienes la Tesorería retuvo $5.797 millones. Eso sí, la mayor cantidad de retenciones vinieron de deudas por préstamos universitarios, específicamente el Crédito Universitario (Fondo Solidario) y el CAE. En el primero, se cursaron 81.100 retenciones por $22.796 millones y en el segundo 31.812 por $5.500 millones.

Las compensaciones, incluyendo los cobros de la Tesorería por CAE que se comenzaron a realizar hace algunos meses, registraron 438.450 operaciones por $95.657 millones.

Ese monto equivale a tres veces el valor de una sola deuda tributaria de la empresa Comercializadora Cugat SpA, que logró extinguir, por prescripción, un cobro de $30.232 millones de la Tesorería, cifra que incluye la deuda neta, reajustes, intereses y multas. La prescripción ocurrió en junio, en paralelo a la retención de impuestos aplicada a los deudores del CAE.

Ya no es solo una posibilidad. El presidente José Antonio Kast confirmó al Partido Republicano que usará su facultad para indultar a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. La decisión responde a una de las principales demandas de su colectividad desde que llegó a La Moneda.

La confirmación ocurrió la noche del martes, durante una reunión privada de casi cuatro horas entre Kast y las bancadas de diputados y senadores del partido en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Ahí, los parlamentarios volvieron a plantear un tema que comenzaba a incomodar al oficialismo, ya que todavía no había señales concretas sobre el futuro de los carabineros que cumplen condena.

Kast despejó parte de las dudas. Dijo que el Gobierno está trabajando en una respuesta y confirmó que utilizará los indultos. Eso sí, puso una condición: no habrá una medida general, sino que cada situación será revisada caso a caso. Tampoco entregó una fecha.

La definición tiene un peso especial para el oficialismo. La defensa de los uniformados fue una de las banderas del Partido Republicano antes de llegar al poder y, durante las últimas semanas, algunos de sus parlamentarios habían comenzado a exigir públicamente avances.

Uno de los puntos que más tensión ha generado en la tramitación de la megarreforma es una norma que permitiría compensar a empresas cuando sus permisos sean anulados por errores atribuibles al Estado. En términos simples, si una compañía obtiene una autorización, comienza a desarrollar su proyecto y luego una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada por la justicia, el Fisco debería devolver parte de los gastos realizados mientras la autorización estuvo vigente.

La oposición sostiene que este mecanismo funciona, en la práctica, como una suerte de “seguro privado con fondos públicos”. Su crítica apunta a que el Estado terminaría cubriendo parte de las pérdidas de una inversión privada: si el proyecto resulta exitoso, las ganancias quedan en manos de la empresa, pero si el permiso cae, parte de los costos podrían ser asumidos por el Fisco.

Pero no es solo eso. Esta semana se vivió uno de los momentos más álgidos de la discusión en el Senado cuando los senadores Ricardo Celis (PPD), Alfonso De Urresti (PS) y Diego Ibáñez (FA) abandonaron la comisión que discute la denominada megarreforma, acusando al Gobierno de actuar con “improvisación” durante la tramitación del proyecto. Además, anunciaron que presentarán una reserva de constitucionalidad.

La decisión se produjo luego de que, según los parlamentarios, el Ejecutivo presentara cinco versiones distintas de las normas que regulan la restitución de gastos cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada por la justicia, situación que calificaron como una muestra de improvisación.

La jornada electoral se desarrollaba con tranquilidad en un local electoral de Syracuse, Nueva York, durante las primarias estatales de junio recién pasado cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) irrumpieron en el lugar. No buscaban a un votante ni a un migrante: querían hablar con Paigelynne Gonyea, una trabajadora electoral, por una publicación de Instagram de enero que, según la agencia, habría expuesto los datos de uno de sus funcionarios.

De acuerdo con el reportaje del medio estadounidense Wired, los agentes le pidieron a la mujer firmar un "aviso de advertencia" que le advertía que amenazar, agredir, secuestrar o asesinar a funcionarios federales o a sus familias es un delito, y le solicitaba eliminar la publicación y desistir de su conducta.

En declaración al medio, Gonyea aseguró que su único post sobre el tema se limitaba a citar al diario Minnesota Star Tribune en el que se identificó a Jonathan Ross como el agente que disparó y mató a Renée Good durante un operativo migratorio en Minneapolis, en enero de este año, y a pedir que fuera procesado. ICE afirma que otra publicación suya incluía la dirección de la casa del funcionario, algo que ella niega.

La unidad detrás de estas acciones es la OPR, el organismo de asuntos internos de ICE. En teoría, su función consiste en inspeccionar los centros de detención de migrantes, en donde se mantienen detenidas más de 60 mil personas, en su mayoría provenientes de América Latina; investigar denuncias de mala conducta de empleados, y tramitar las postulaciones de quienes quieren ser parte de la agencia. Sin embargo, documentos judiciales citados por Wired indican que la oficina está persiguiendo cada vez más a ciudadanos comunes por lo que expresan en redes sociales.

El dato más contundente proviene de una declaración judicial presentada en abril. Un funcionario de ICE reconoció que, entre enero de 2025 y marzo de 2026, la OPR investigó 131 casos de publicaciones contra empleados de la agencia en todo el país. No está claro cuántos derivaron en cargos penales.

De hecho, Wired solo pudo identificar un caso en que el trabajo investigativo de la unidad fue acreditado formalmente. Se trata de un hombre de California que se declaró culpable de acosar a una abogada de ICE y a su madre en enero de 2024, antes de que Donald Trump volviera a la Casa Blanca. La agencia no respondió a las preguntas del medio sobre cuántos casos adicionales ha abierto desde marzo.

El mismo día del episodio en el local de votación, otros dos agentes llegaron a la casa de David Streever en Rochester, a unos 140 kilómetros de Syracuse. ¿El motivo? Un correo electrónico enviado cinco meses antes al entonces director interino de ICE, Todd Lyons, en el que criticaba con dureza el rol de la agencia en los tiroteos de Minneapolis, donde agentes federales mataron a los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti en enero pasado, en medio del mayor operativo de deportaciones del gobierno de Trump.

Streever estaba de viaje con su hija cuando los agentes tocaron la puerta de su casa, por lo que fue su esposa quien recibió el aviso de advertencia. Días después, a su regreso al país, un tercer agente lo rastreó hasta el hotel cercano al aeropuerto donde pasaba la noche. Streever se negó a firmar el documento y el lunes 6 de julio demandó al gobierno ante un tribunal federal de Washington D.C., representado por la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE). La organización argumenta que la única amenaza real en este caso es la que las propias autoridades representan para las libertades de Streever y del resto de los estadounidenses.

El litigio llega en un momento en que abogados y organizaciones de libertades civiles advierten que ICE estaría operando, en la práctica, como un brazo de vigilancia contra la disidencia.

Según un informe de Human Rights Watch publicado en junio, 52 personas murieron bajo custodia de ICE en los primeros 500 días del segundo gobierno de Donald Trump, con una tasa de mortalidad que se duplicó y que hoy es la más alta en más de una década. Solo en 2025 se registraron 33 muertes, la cifra más elevada en más de veinte años, mientras el gobierno planea ampliar la capacidad de detención a 90 mil cupos hacia fines de año, según advirtió el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

De acuerdo con reportes de The New York Times, desde comienzos de 2025 el Departamento de Seguridad Nacional e ICE han enviado notificaciones a plataformas como Google, Meta, Reddit y Discord para identificar a las personas detrás de cuentas que monitorean o critican los operativos migratorios. Muchas de esas cuentas funcionan como redes de alerta comunitaria, una herramienta de protección para las comunidades latinas en Estados Unidos.

Para las familias latinoamericanas con parientes en ese país, el mensaje de fondo es doble: menos vigilancia sobre las condiciones de detención y más presión sobre quienes las denuncian. Y hay un efecto amedrentador adicional, ya que si el gobierno está dispuesto a enviar agentes a la casa de ciudadanos estadounidenses por un correo o una publicación, quienes carecen de estatus migratorio regular tienen razones fundadas para guardar silencio ante los abusos. Lo que resuelvan los tribunales en estos casos podría fijar un precedente sobre hasta dónde puede llegar el gobierno de Estados Unidos frente a quienes lo critican en internet.

📚 “El cuativo de ultramar”

🎥 “Historia y geografía”

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Daniel Martínez G.
Editor 7am