¡Bueeeenos días! 🌧️

Sin mayores sorpresas se dio a conocer este domingo el resultado de la Encuesta Criteria, la que dio un 33% de aprobación al presidente José Antonio Kast y una desaprobación del 55%.

En cuanto a temas de contingencia, un 42% cree que el Gobierno no tiene un plan claro de seguridad y está improvisando. Un 30% cree que “tiene algunas ideas, pero no un plan claro” y el 19% que sí lo tiene.

Por otra parte, es importante saber que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sinceró que, de mantenerse el panorama externo en materia de combustibles, se verá una segunda “y muy probablemente una tercera” alza fuerte en el precio local del diésel.

¿Cuánto sería? Los precios internacionales de refinación están poniendo presión sobre el diésel, por lo que queda por transpasar “en el orden de los 200 pesos por litro”, dijo el ministro.

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Vamos con las noticias.

💡 En la edición de hoy:

Fernando Cerimedo, consultor político argentino conocido por su influencia en campañas digitales y apodado “el rey de los trolls”, volvió al centro de la política latinoamericana luego de ser detenido en Bolivia. El estratega enfrenta una investigación por un supuesto intento de femicidio contra su expareja y, paralelamente, es indagado por presunto enriquecimiento ilícito y eventuales vínculos con el narcotráfico. Durante un allanamiento a una de sus propiedades, las autoridades encontraron además una denominada “granja de bots”.

Cerimedo no es un desconocido para la política regional. Ha trabajado o mantenido vínculos con sectores de derecha de distintos países y fue asociado a las campañas de Javier Milei en Argentina y Rodrigo Paz en Bolivia. También fundó el medio digital La Derecha Diario, plataforma que adquirió relevancia en la difusión de contenidos de la derecha radical latinoamericana. Su detención reactivó las preguntas sobre el alcance de sus operaciones digitales y sus vínculos políticos.

En Chile, su nombre aparece ligado especialmente a los procesos constitucionales. Para el plebiscito de entrada de 2020, Cerimedo participó en la consultora Numen junto al abogado Enrique García Arancibia. La firma fue la única encuestadora que proyectó un triunfo del Rechazo, pese a que finalmente el Apruebo obtuvo cerca del 80% de los votos. El argentino también fue requerido por la organización Casa Común, de la que formaba parte el entonces diputado Gonzalo de la Carrera. En esa organización colaboró con material gráfico Felipe Costabal, actual director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del Gobierno.

Cerimedo también estuvo en Chile durante el plebiscito constitucional de 2022, cuando nuevamente se impuso el Rechazo. Sus actividades en el país y las acusaciones sobre eventuales operaciones digitales volvieron a aparecer esta semana tras su detención en Bolivia.

El episodio tomó una nueva dimensión cuando Evelyn Matthei vinculó públicamente a Cerimedo con sectores cercanos al Partido Republicano y aseguró que las dos principales cuentas que, según ella, realizaron ataques digitales en su contra durante la campaña presidencial desaparecieron después de la detención del argentino. Matthei también cuestionó el supuesto uso de bots como herramienta de intervención política.

Las acusaciones no han sido acompañadas, hasta ahora, por una prueba pública que demuestre que Cerimedo haya dirigido una operación de bots a favor de José Antonio Kast. El Gobierno, por su parte, ha descartado tener relación con las acusaciones sobre operaciones digitales vinculadas al estratega.

Pero el caso ya produjo un efecto político concreto: el desmarque de los partidos de derecha. Renovación Nacional realizó una revisión de sus contrataciones y afirmó que Cerimedo “jamás ha sido contratado” ni ha prestado servicios para la colectividad. El Partido Republicano también fue categórico: “descartamos cualquier vínculo con el señor Cerimedo”, afirmó su secretario general, Vicente Bruna.

La revisión también alcanzó a figuras individuales. Sebastián Sichel, por ejemplo, debió salir al paso de afirmaciones del propio Cerimedo, quien aseguró haberlo asesorado durante las primarias presidenciales de 2021. Desde el entorno del alcalde de Ñuñoa niegan esa relación. Algo similar ocurrió con Franco Parisi: Cerimedo afirmó haber apoyado su candidatura presidencial mediante trabajo remoto, pero desde el Partido de la Gente señalaron que no lo conocían.

Así, el caso Cerimedo abrió un debate que va más allá de su situación judicial: hasta dónde llegan las redes de consultores digitales que operan entre distintas derechas latinoamericanas y qué papel juegan las redes sociales, los trolls y los bots en las campañas políticas.

La escritora chilena Cynthia Rimsky fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura 2026, convirtiéndose en la séptima mujer en recibir este reconocimiento, uno de los máximos galardones que entrega el Estado de Chile a la trayectoria literaria.

El jurado destacó su “manera propia y reconocible de narrar historias” y una obra que cruza la novela, la crónica, el ensayo y la literatura documental. Nacida en Santiago en 1962, Rimsky es autora de libros como Poste restante, Ramal, El futuro es un lugar extraño y Clara y confusa.

En 2024 obtuvo el Premio Herralde de Novela por Clara y confusa, consolidando una carrera marcada por la exploración de la memoria, los viajes y la identidad.

Rimsky se suma a Gabriela Mistral, Marta Brunet, Marcela Paz, Isabel Allende, Diamela Eltit y Elvira Hernández. El premio contempla además un reconocimiento económico y una pensión vitalicia.

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Estados Unidos y Venezuela sellaron un histórico acuerdo petrolero que busca reactivar la industria venezolana, pero, por sobre todo, asegurar a Washington acceso a una parte significativa de sus reservas de crudo. El pacto contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios y una vigencia de 25 años.

El acuerdo permitiría movilizar cerca de US$100.000 millones en inversiones para recuperar infraestructura y aumentar la producción. Según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el Estado podría recibir unos US$209.000 millones durante la vigencia del convenio, mientras Caracas sostiene que mantiene la soberanía sobre sus recursos.

Para Estados Unidos, el atractivo está en acceder a una fuente de crudo de gran magnitud y particularmente al petróleo pesado venezolano, en un contexto de tensión en los mercados energéticos. El acuerdo contempla acceso estadounidense a unos 65.000 millones de barriles, equivalentes a cerca del 22% de las reservas venezolanas.

Donald Trump anunció además que parte de ese petróleo será utilizado para recuperar la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense, que se encuentra en su nivel más bajo en décadas.

“Una de las cosas que haré con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, debido al inepto Joe Biden, prácticamente han quedado vacías. El proceso de llenado completo comenzará muy pronto y es un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos”, escribió Trump en Truth Social.

El pacto, sin embargo, también genera cuestionamientos por la falta de detalles públicos sobre sus condiciones y las garantías jurídicas para las inversiones. Sus defensores lo presentan como una vía para reconstruir la industria venezolana; sus críticos advierten sobre una eventual pérdida de control sobre un recurso estratégico.

El Gobierno prepara una nueva reforma al mercado de capitales, iniciativa que será encabezada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y que marcará la segunda etapa de la agenda económica del Ejecutivo. El proyecto comenzará a trabajarse el próximo 7 de septiembre y tendrá entre sus principales objetivos facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para las familias jóvenes.

“Vamos a procurar que las condiciones de crédito puedan volver a hacer que la vivienda sea asequible”, afirmó Quiroz en conversación con el podcast Felipe Podkast. El ministro sostuvo que la última modernización relevante del mercado de capitales ocurrió hace unos 15 años y que el sistema requiere una actualización frente a los cambios tecnológicos y financieros.

La propuesta buscará además dinamizar el mercado y atraer inversión extranjera. Entre las materias que Hacienda pretende revisar están la exigencia de RUT para determinadas operaciones, el impuesto de retención de 4% y el impuesto de timbres y estampillas, cargas que, según Quiroz, dificultan el ingreso de inversionistas extranjeros.

El secretario de Estado calificó estos gravámenes como “los impuestos del frigobar” y aseguró que su eventual eliminación tendría un impacto fiscal mínimo. Incluso planteó que la reforma podría terminar generando mayores ingresos para el Estado.

El objetivo final, según el ministro, es recuperar un mercado de capitales más profundo y dinámico, fortalecer el financiamiento de largo plazo y reducir las dificultades para acceder a créditos hipotecarios. “Vamos a resolver el problema del crédito para la vivienda en Chile”, aseguró.

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Daniel Martínez G.
Editor 7am