¡Buenos días!

En un poco más de tres semanas, a partir de las 00:00 horas del sábado 5 de septiembre, será el cambio a horario de verano. Los relojes deberán adelantarse 60 minutos. ¿Cómo ha pasado tan rápido el año? 😅

Vamos con las noticias de hoy.

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💡 En la edición de hoy:

🗞️ Kast pone en duda cifras de la Casen
🗞️ La Moneda convirtió oficina de marketing de la Secom en capilla evangélica
🗞️ Gobierno apuesta todo por la pérdida de beneficios sociales en reforma de seguridad
🗞️ Qué significa que Codelco vaya a capitalizar el 100% de sus utilidades de 2025
🗞️ Quién es Sebastián Vallebona, el nuevo subsecretario de Hacienda

La ajedrecista valdiviana Javiera Gómez, número uno del ajedrez femenino chileno, volverá a representar al país en la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se disputará en septiembre en Samarcanda, Uzbekistán.

La Maestra Internacional Femenina de 24 años será el primer tablero de la selección chilena, en una competencia que reunirá a equipos de todo el mundo. Antes de llegar a la cita, Gómez realizará una gira por Europa: actualmente compite en el Torneo Internacional de Spilimbergo, en Italia, y luego participará en el Maia Chess Festival, en Portugal. D

os veces campeona nacional, la deportista también ha trabajado en la difusión del ajedrez entre niños y jóvenes. Su gran objetivo es convertirse en la primera mujer chilena en obtener el título de Gran Maestra Femenina. La Olimpiada se desarrollará entre el 15 y el 28 de septiembre y será una nueva oportunidad para que Gómez siga elevando el perfil internacional del ajedrez chileno.

Frase destacada

El presidente José Antonio Kast firmó este lunes el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad que ingresará al Senado, una iniciativa que, además de crear un nuevo estado de excepción y establecer un registro de organizaciones criminales, busca modificar la Constitución para permitir nuevas sanciones a personas condenadas por determinados delitos.

Uno de los puntos centrales está en un eventual nuevo artículo, que habilitaría al legislador a establecer la pérdida de beneficios o prestaciones financiadas por el Estado en áreas como salud, educación, trabajo y seguridad social. La medida operaría durante el cumplimiento de la condena y se extendería por cinco años adicionales.

El proyecto también contempla una inhabilidad de 15 años para acceder a medidas alternativas al cumplimiento de penas, como la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios. Kast confirmó el alcance de la propuesta. “Se puede discutir si es que un asesino en serie tiene un beneficio del Estado, si corresponde o no que lo siga recibiendo”, señaló a TVN.

La reforma busca evitar que estas diferencias de trato sean consideradas arbitrarias y establece que las nuevas restricciones no afectarían los derechos “en su esencia”. El objetivo es reforzar las facultades del Congreso y del Ejecutivo para establecer regímenes especiales para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

Un punto clave será determinar si estas medidas se aplicarán exclusivamente a esos delitos o si tendrán un alcance mayor. La discusión es especialmente relevante después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional una norma que impedía acceder a gratuidad universitaria a condenados, dentro del proyecto de Escuelas Protegidas.

El Gobierno autorizó a Codelco a capitalizar el 100% de las utilidades obtenidas durante 2025, una decisión inédita que permitirá que cerca de US$2.422 millones permanezcan dentro de la empresa en lugar de ser retirados por el Estado. El anuncio fue realizado este lunes, durante la conmemoración del Día del Minero en la División Andina.

En términos simples, capitalizar las utilidades significa que Codelco no transferirá ese dinero al Fisco, sino que lo incorporará a sus recursos propios. Con ello, la estatal aumenta su patrimonio y dispone de mayor capacidad para financiar inversiones y enfrentar sus compromisos financieros.

La medida busca, principalmente, evitar que Codelco tenga que recurrir a más deuda para financiar sus proyectos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que durante los últimos años parte de los recursos que la minera entregaba al Fisco terminaban siendo compensados mediante un mayor endeudamiento de la compañía. Por eso, la decisión apunta a fortalecer su posición financiera y contener sus pasivos.

Los recursos también deberán respaldar proyectos destinados a recuperar la capacidad productiva de la estatal, mejorar la continuidad operacional y avanzar en inversiones consideradas estratégicas. El Gobierno puso como condiciones disciplina financiera, transparencia y eficiencia en el gasto y en las inversiones.

El monto es especialmente relevante porque Codelco cerró 2025 con una utilidad consolidada de US$2.423 millones, aunque US$2.035 millones correspondieron al efecto extraordinario de la operación con SQM por el litio. Sin ese efecto, la utilidad habría sido de US$388 millones.

El presidente José Antonio Kast designó este lunes al abogado Sebastián Vallebona Espinosa como nuevo subsecretario de Hacienda, en reemplazo de Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo tras dar positivo en un test de drogas.

El puesto estaba vacante desde el 23 de julio, cuando Kast aceptó la renuncia de Rodríguez y nombró subrogante a Tomás Bunster. Ayer, en Tele13 Radio, el mandatario admitió que "hay que perfeccionar el protocolo" de los test de pelo, exigidos a ministros y subsecretarios antes de asumir, y que, tal como te contamos anteriormente en 7am, busca extenderse con rango constitucional hasta el presidente de la República.

Vallebona es abogado de la Pontificia Universidad Católica, con un LL.M. en Derecho Tributario de esa universidad y un Advanced LL.M. en Derecho Tributario Internacional por la Universidad de Leiden. Es profesor de Derecho Tributario I y II en Derecho UC y dicta Tributación Internacional Esencial en la UAI.

Llegó a Teatinos 120 en marzo designado por el ministro Jorge Quiroz, tras colaborar cerca de un año en el programa económico de la campaña de Kast. 

Como coordinador tributario condujo el diseño de la reforma que rebaja el impuesto de primera categoría de 27% a 23% e incorpora un régimen de invariabilidad para nuevas inversiones. 

Su nombramiento vuelve a instalar la discusión sobre la puerta giratoria entre la asesoría tributaria privada y la autoridad fiscal. Entre 2012 y 2015 estuvo a cargo de Servicios Legales y Tributarios de PwC Chile y hasta este año fue socio de Pereira Covarrubias Montes (2015-2026), oficina especializada en planificación tributaria, reorganizaciones patrimoniales y fusiones y adquisiciones. Dicho estudio lo integra Julio Pereira, exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) que dejó el cargo en 2013 en medio de la polémica por la condonación de impuestos y multas a Johnson's, episodio anterior a la llegada de Vallebona a la firma.

Como subsecretario deberá presentar declaración de intereses y patrimonio y quedará sujeto a la Ley del Lobby, que registra públicamente sus audiencias.

Su salida deja vacante la coordinación de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda en pleno cierre legislativo de la reforma, cuya promulgación el gobierno espera para fines de agosto.

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La mañana de este lunes, el presidente José Antonio Kast hizo un comentario que ningún mandatario en ejercicio había hecho desde 2012: puso en duda públicamente la validez de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), el instrumento con que Chile mide oficialmente la pobreza.

El cuestionamiento surgió en medio de una reflexión sobre el ánimo del país. Kast sostuvo en entrevista con Tele13 Radio que la caída de la esperanza y el alza del pesimismo que han registrado las encuestas se explican porque su gobierno "habla con la verdad", y puso como ejemplo el índice de pobreza. 

Puedes revisar el momento exacto aquí.

"Nos dijeron en la Casen anterior que la pobreza había disminuido y que la fórmula era a través de los subsidios, y fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición", afirmó, en referencia a quien hoy es su ministro de Hacienda. Según el presidente, los números entregados no corresponden "porque los parámetros para medir estaban excluyendo a algunos".

Agregó que la noticia sobre la baja de la pobreza "duró una semana" y que después no se volvió a hablar del tema. Retrucado sobre si mantenía sus dudas respecto de los datos, ante la gravedad del cuestionamiento, respondió que sí, apuntando a que el exministro de Desarrollo Social había planteado que Chile era un modelo en la materia, "y claramente no era así".

¿Qué dijo realmente Quiroz? El antecedente que invocó Kast existe, pero no dice exactamente lo que él le atribuye.

El 6 de agosto de 2023, en el cuerpo de Negocios de El Mercurio, el economista Jorge Quiroz publicó una columna en la que sostuvo que la cifra de 6,5% de pobreza informada por la Casen 2022 lucía divorciada de la realidad. Su estimación situaba la pobreza en torno al 11%, es decir, cerca de 900 mil personas pobres más que las calculadas por el Ministerio de Desarrollo Social, y prácticamente el mismo nivel de 2015.

Pero Quiroz fue explícito en un punto: no habló de un error metodológico, sino de lo que calificó como una falta de criterio. Su argumento apuntaba a la subactualización del componente no alimentario del gasto de referencia con que se construye la línea de pobreza. Es decir, el reparo no era que la encuesta estuviera excluyendo personas de la medición, como señaló hoy Kast, sino que la vara con que se define quién es pobre estaba mal calibrada.

Hay una segunda imprecisión, más relevante. La crítica de Quiroz apuntaba a la Casen 2022, presentada por el entonces ministro Giorgio Jackson. La encuesta que Kast dice seguir poniendo en duda es la última, la Casen 2024, entregada en enero de 2026 por la ministra Javiera Toro. Y esa versión incorporó precisamente la corrección que Quiroz reclamaba, ya que eliminó el alquiler imputado del cálculo de los ingresos y estableció líneas de pobreza diferenciadas para hogares arrendatarios y no arrendatarios.

Con ese ajuste, la pobreza por ingresos quedó en 17,3%, muy por encima del 11% que Quiroz estimaba para 2022.

Tampoco es exacto que el tema se haya extinguido en una semana. El debate de agosto de 2023 escaló: en diciembre de ese año el gobierno convocó una Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, que entregó su informe final en julio de 2025, y cuyas recomendaciones fueron procesadas por una mesa técnica con el INE, la CEPAL y el PNUD. El resultado fue una metodología oficial nueva. Es decir, la discusión no se cerró, sino que cambió el estándar.

Las respuestas a los dichos de Kast de la mañana de ayer no tardaron en llegar. La exministra de Desarrollo Social y Familia, que fue quien presentó la Casen 2024, respondió el mismo lunes en el programa Factos de Súbela Radio. "No hubo un error en la medición", afirmó. Defendió la solidez metodológica del instrumento, recordó que su elaboración considera la participación de especialistas y paneles diversos más allá de las posiciones políticas, y precisó el punto de fondo: los ajustes introducidos no fueron correcciones posteriores por equivocaciones, sino criterios comunicados con anticipación, cuyo objetivo era elevar el estándar con que se mide la pobreza en Chile.

Carolina Tohá, exministra del Interior, respondió en el mismo programa de Tele13 Radio, poco después de Kast, y calificó sus afirmaciones como muy complejas y sin "fundamento alguno". Cuestionó los elementos técnicos que respaldan la posición del ministro de Hacienda y sostuvo que la Casen es el instrumento más controlado del país, que cada observación deriva en correcciones y cada cambio obliga a revisar toda la serie hacia atrás, de modo que hoy no enfrentaría un cuestionamiento serio. 

Defendió además el rol de las ayudas estatales. Los subsidios, dijo Tohá, no son mentiras, sino políticas públicas para resolver injusticias e inequidades. Advirtió sobre el efecto de que la máxima autoridad del país debilite la fe pública en su propio diagnóstico social y pidió una corrección de estilo.

El punto de Tohá sobre la revisión retroactiva de la serie es verificable y juega a favor del instrumento. La Casen 2024 hizo exactamente eso: con el nuevo estándar recalculó los años anteriores, situando la pobreza por ingresos en 22,5% en 2017, 28,3% en 2020 y 20,5% en 2022. El 17,3% de 2024 no se compara contra el 6,5% antiguo, sino contra esa serie corregida.

Hay un antecedente que complica el cuestionamiento presidencial desde dentro de su propio gobierno. Gabriel Ugarte, actual subsecretario de Evaluación Social, precisamente la repartición que produce la Casen, integró el panel de expertos de la encuesta hasta febrero de 2026, aportando en la validación técnica de los instrumentos utilizados. Asumió en el cargo el 11 de marzo, con el cambio de gobierno, y ya se reunió con el nuevo panel que acompañará la Casen 2026.

En otras palabras: la autoridad que hoy responde institucionalmente por la encuesta estaba validando técnicamente el instrumento hasta semanas antes de que el presidente pusiera sus resultados en duda. Ni él ni la ministra María Jesús Wulf han emitido pronunciamiento tras los dichos presidenciales.

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Daniel Martínez G.
Editor 7am