¡Bueeenos días!

Anoche, desde Nueva York, el presidente José Antonio Kast se refirió por primera vez al anuncio de la expresidenta Michelle Bachelet, quien el fin de semana comunicó la baja de su candidatura para la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU). 

En la previa a su debut en la Asamblea General de la ONU, el jefe de Estado expresó su "respeto" a la exmandataria y descartó que Chile exprese su apoyo a otra candidatura. "Sí teníamos una diferencia en cómo enfrentar la gobernanza de las Naciones Unidas y los cambios que a futuro esperamos puedan asumir para generar más paz en el mundo", señaló.

La respuesta de Kast llega después de duros cuestionamientos en su contra por la decisión de no apoyar su candidatura. Por ejemplo, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente afirmó que si Chile no hubiera retirado su apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU “habría sido distinto el escenario”.

Más molesto se mostró el excanciller José Miguel Insulza, quien afirmó que esto se trató de “una operación interna”. "Se dice mucho que desde Estados Unidos habría llegado también algún mensaje, etc, pero yo quisiera saberlo, eso lo sabe el Presidente nomás, lo sabe el Presidente y el canciller, si hubo presiones de Estados Unidos, me gustaría saber si las hubo”, agregó.

Vamos con más noticias.

💡 En la edición de hoy:

Por Noemí Arcos

Cuando el Gobierno ingrese el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 antes del 30 de septiembre, Jorge Quiroz no enfrentará una discusión, sino varias en paralelo. El ministro ya fijó el marco: el gasto público crecerá entre 0% y 1% real, cifra que el propio presidente José Antonio Kast ratificó en Radio Agricultura al señalar que superar ese umbral es difícil y que "hay que ser realistas".

Ese marco se estrena en el peor momento posible. El desempleo llegó a 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio, su mayor nivel en cinco años, y según las encuestas ya desplazó a la seguridad como principal preocupación ciudadana. Desde el Chile Day en Madrid, Quiroz resumió la consigna: se puede "hacer más con lo mismo", variación del "más con menos" que usó en mayo para exigir resultados en salud.

El conflicto más visible no vino de la oposición, sino del propio gabinete. En entrevista con El Mercurio del 16 de agosto, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, pidió un reajuste de 23,9% para el Minvu, argumentando que la construcción es clave para el empleo y estimando la creación de 190 mil puestos de trabajo: 150 mil en viviendas nuevas, 20 mil en reparaciones y 26 mil en obras urbanas.

La petición chocaba con la instrucción de Hacienda, que había pedido un recorte general de 3% en cada ministerio. La respuesta pública de Quiroz fue elocuente: al ministro le gusta construir, pero en Hacienda "nos gusta cuidar la plata". La Tercera consignó que el Minvu subió 13,1% de 2025 a 2026 y 11,4% el período anterior: lo pedido casi duplicaba cualquier alza reciente.

Según DF Más, Vivienda habría recibido una propuesta inicial de 1,7% que, descontados los fondos de la Ley de Reconstrucción, dejaba a la cartera en –3%. El ministerio ingresó una contrapropuesta a la Dipres el 8 de septiembre. Días después, Poduje subió la apuesta: dijo que puede aportar hasta 220 mil empleos y dejó la definición en manos de Kast. No es el primer roce: en abril ya había afirmado que Quiroz no era su jefe.

La crisis laboral terminó convirtiéndose en el filtro con que se evalúa cada partida. La Tercera informó que Kast viene recibiendo a sus ministros en reuniones bilaterales en las que el denominador común es cómo cada propuesta impacta en el mercado laboral. En julio, La Moneda ya había activado el "modo empleo" con un paquete de $50 mil millones.

El resultado es lo que en Palacio llaman un "presupuesto selectivo": carteras "reactivadoras" (Obras Públicas, Vivienda y las inversiones de Salud) concentrando los recursos adicionales, seguridad como prioridad política y una revisión severa de los programas que no justifiquen su permanencia.

Pero ese consenso aparente esconde exigencias. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó que "el enfoque debe ser el empleo": se puede recortar, pero no en bienes de capital ni en aquello que genere puestos de trabajo. El diputado Diego Schalper (RN) pidió obras públicas apalancadas en municipios y gobiernos regionales. Y desde el Partido Republicano, Leandro Kunstmann advirtió que reducir la inversión en infraestructura con un mercado laboral débil profundizará el problema.

En marzo, Hacienda instruyó un recorte transversal de 3%; en Salud quedó en 2,5% y restó $413 mil millones a la cartera, según Fenats. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, fue tajante ante Hacienda: no aceptarán un nuevo recorte cuando las listas de espera involucran a 2,5 millones de personas. La ministra May Chomali anunció una expansión de 4,5% a 5% para 2027, pero luego se retractó. 

Por la derecha, la presión viene del Partido Nacional Libertario. En la antesala de la Parada Militar, Johannes Kaiser emplazó a Kast: "Los gestos hágalos en la Ley de Presupuesto". No es un detalle: el Gobierno necesitará mayorías en las votaciones de cada partida más allá de sus propios partidos.

La oposición, en tanto, prepara su última batalla del año sin articulación común todavía. 

Sobre todo esto pesa una restricción técnica. Un informe del CEP, de Jorge Rodríguez, recuerda que el 83% del presupuesto 2026 está comprometido por leyes permanentes y que cinco ministerios concentran cerca del 80% del gasto. La meta estructural para 2027 es un déficit de 1,8% del PIB, el pago de intereses ya equivale al 5% del gasto y el Consejo Fiscal Autónomo advierte que la deuda superaría el nivel prudente de 45% del PIB desde 2029.

A eso se suma la paradoja de fondo: 2027 estrena la rebaja del impuesto de primera categoría de la Ley de Reconstrucción, que lleva la tasa de 27% a 25,5%. Se ajusta el gasto mientras se reduce el ingreso. Eyzaguirre describió el dilema sin anestesia: "Si corta el gasto, es echarle parafina al fuego".

El Congreso tendrá 60 días para despachar el proyecto y solo puede reducir gastos, no aumentarlos. La negociación real se jugará en las glosas y protocolos de acuerdo.

Hay noticias que no suelen ocupar grandes titulares, pero que muestran cuánto puede cambiar un país con políticas sostenidas durante décadas. Chile se convirtió en el primer país de Sudamérica en eliminar la transmisión de la rabia desde perros a personas, según la certificación de la Organización Mundial de la Salud.

El reconocimiento llega después de años de vacunación, vigilancia epidemiológica y control de la enfermedad. La rabia sigue siendo una amenaza sanitaria en el mundo y, una vez que aparecen síntomas, es prácticamente siempre mortal. Por eso, reducir su transmisión mediante prevención tiene un impacto directo en la salud de las personas.

El logro no significa que la rabia haya desaparecido completamente de Chile: el virus continúa circulando entre animales silvestres, especialmente murciélagos, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia y las campañas de vacunación.

Pero hay una cifra que resume la magnitud del avance: Chile lleva años sin registrar casos de rabia humana transmitida por perros. Una buena noticia sanitaria que es también el resultado de una política pública que se construyó mucho antes de que apareciera el resultado.

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La reforma que busca cambiar las reglas del sistema político chileno tendrá que esperar. Los senadores acordaron este lunes aplazar su votación luego de que parlamentarios de sectores tan distintos como el Partido Republicano y el Partido Comunista cuestionaran parte del texto.

El principal problema está en una frase que obliga a los partidos políticos a “expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario”.

Aunque puede parecer una disposición evidente, su redacción generó reparos. La senadora comunista Claudia Pascual pidió revisar el concepto, mientras que desde Republicanos también plantearon observaciones.

El punto de fondo es que la Constitución actualmente señala que los partidos no pueden “procurar” el establecimiento de un régimen totalitario. El proyecto, en cambio, habla de que deberán condenarlo. Para algunos senadores, la diferencia no es menor y podría generar problemas respecto de cómo se aplicará la norma.

Por eso, los comités del Senado acordaron devolver el tema a la comisión mixta para revisar la redacción antes de votar.

La situación es llamativa porque la reforma está en su etapa final y había acuerdo político para sacarla adelante. El proyecto busca modificar las reglas del sistema político, entre otras cosas, estableciendo nuevas exigencias para los partidos, cambiando las condiciones para las candidaturas independientes y fortaleciendo el funcionamiento de los comités parlamentarios.

La idea es que la iniciativa vuelva a discutirse la próxima semana. Si se logra acuerdo sobre los puntos pendientes, podría quedar lista para su votación final en el Senado.

Si no votaste en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 y no tienes una excusa válida, podrías recibir una citación de un Juzgado de Policía Local durante los próximos meses.

El Servel informó que denunciará a 3.760.261 electores que no sufragaron en esos comicios. La cifra corresponde a quienes, según los registros electorales, no cumplieron con el voto obligatorio.

¿Y qué pasa después de la denuncia? Los casos serán enviados a los Juzgados de Policía Local, donde cada juez deberá determinar si corresponde aplicar una multa. Es decir, la denuncia del Servel no significa automáticamente que la persona ya esté sancionada.

Según explicó a radio Biobío Francisco Ríos, presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, las multas podrían ir desde $36.000 hasta $108.000, dependiendo de la decisión del juez.

La ley contempla excepciones. Entre ellas están quienes estaban enfermos, se encontraban fuera del país, estaban a más de 200 kilómetros de su local de votación, ejercían funciones electorales, tenían una discapacidad certificada o podían acreditar otro impedimento grave ante el juez.

El proceso, además, será gigantesco. El Servel tiene un año desde la elección para presentar las denuncias; de lo contrario, estas prescriben. Los jueces anticipan una llegada masiva de expedientes en los próximos meses.

Y hay un último dato importante: si una persona es finalmente multada y no paga, el juez puede ordenar reclusión en sustitución de la multa.

Una investigación de Contraloría puso el foco en una situación poco conocida de la administración pública: funcionarios que fueron suspendidos preventivamente mientras enfrentaban un sumario administrativo y que continuaron recibiendo sus remuneraciones durante períodos que, en algunos casos, se extendieron por años.

El organismo identificó 485 funcionarios suspendidos entre 2020 y marzo de 2026. De ellos, 30 llevaban más de tres años en esa situación y, en los 10 casos más prolongados, el Estado pagó $671 millones en remuneraciones.

La suspensión preventiva es una medida temporal que permite apartar a un funcionario de sus funciones mientras se investiga una eventual responsabilidad administrativa. No equivale a una sanción ni significa que la persona haya sido declarada culpable.

El problema detectado por Contraloría está en la duración de algunos de estos procesos. El caso más prolongado corresponde a un funcionario de Mejor Niñez, que llevaba cuatro años y siete meses suspendido.

La revisión también encontró que en 22 casos existían registros de otras actividades remuneradas durante el período de suspensión y que en otros 20 los fiscales encargados de los sumarios ya no trabajaban en los respectivos servicios.

Ahora Contraloría asumirá directamente los 30 casos que llevan más de tres años y pedirá explicaciones por las demoras.

El caso abre una pregunta sobre el funcionamiento del Estado: ¿qué ocurre cuando un mecanismo diseñado para proteger una investigación temporal termina extendiéndose durante años?

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Daniel Martínez G.
Editor 7am