¡Buenos días!

Malas noticias 😅: La Moneda dice que "es probable" que haya una nueva alza del precio de combustibles para esta semana, debido a que el barril superó los US$100 en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y de nuevos daños a refinerías.

En otro tema, tres tornados afectaron a distintas zonas de la Región de Ñuble tras la llegada de un nuevo sistema frontal. Desde el Senapred confirmaron que las nubes con características tornádicas afectaron a las comunas de Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio y El Carmen.

Mira acá y acá algunos videos.

Vamos con más noticias 🗞️.

💡 En la edición de hoy:

🗞️ Cómo funcionaría la reforma que permitiría destituir a autoridades por consumo de drogas
🗞️ Qué está pasando en Sudáfrica y las protestas xenófobas
🗞️ Otra querella agudiza la crisis del PDG
🗞️ Autoridades de gobierno renuncian o han sido removidas en promedio cada casi 4 días

Por primera vez, dos robots humanoides realizaron con éxito dos intervenciones quirúrgicas teledirigidas en animales vivos. El ensayo preclínico abre la puerta a un cambio radical en el quirófano, especialmente en zonas remotas y con escasez de médicos, detalla un estudio publicado en la revista Nature. Las operaciones consistieron en extirpar la vesícula biliar de un cerdo.

Valparaíso volvió a ubicarse en el primer lugar mundial en velocidad de internet fijo, según las mediciones de junio de 2026 de Ookla, la compañía detrás de Speedtest.

Valparaíso alcanzó una velocidad mediana de descarga de 425,84 Mbps y de subida de 344,14 Mbps, superando a importantes centros urbanos del planeta. En segundo lugar quedó Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, con 399,92 Mbps de descarga, mientras que Lyon, en Francia, completó el podio con 348,11 Mbps.

El liderazgo no es nuevo: Valparaíso ya había encabezado el ranking durante 2025. El resultado refleja el fuerte desarrollo de la fibra óptica en Chile y la competitividad que ha alcanzado la infraestructura digital fuera de Santiago. Eso sí, todavía queda una tarea pendiente: reducir las brechas de acceso que persisten en algunos cerros y sectores aislados de la propia ciudad.

La exministra dio su primera entrevista tras terminado el gobierno de Gabriel Boric en el podcast del periodista Daniel Matamala “Animales políticos”. Puedes escucharla acá.

Esta mañana, el Gobierno aceptó la renuncia del seremi del Trabajo de Tarapacá, Cristián Andrés Cabezas Mundaca, quien —irónicamente— enfrentaba denuncias por acoso y… maltrato laboral.

Horas más tarde, el Ejecutivo anunció la salida del secretario regional ministerial de Vivienda del Maule, Patricio Ponce Arqueros. Según pudo conocer Emol, la causa de la renuncia sería disconformidad con su sueldo. Su último ingreso pagado fue de $4.554.112, según se publica en Transparencia.

Con esto, La Moneda suma la salida de dos ministras, cinco subsecretarios y 30 seremis desde que inició el gobierno el 11 de marzo pasado. Es decir, ha renunciado una autoridad cada 3,7 días aproximadamente.

Las relaciones entre Brasil y Argentina no pasan por su mejor momento. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva manifestó su completo rechazo a las declaraciones del presidente argentino Javier Milei, durante un acto político en São Paulo, en el que criticó al mandatario y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Milei calificó a Lula como "ladrón" y llamó "basura calva" al juez De Moraes, quien días antes le había negado la autorización para visitar al expresidente Jair Bolsonaro.

Ante estos hechos, la Cancillería brasileña llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino en Brasil para expresar formalmente su malestar.

Tras el incidente, el Gobierno de Lula anunció que evaluará durante las próximas 48 horas si adopta nuevas acciones diplomáticas contra Argentina.

Delitos de falsificación o uso malicioso de documentos privados. Esa es la acción penal que inició la Fiscalía, luego de una denuncia del exvicepresidente del Partido de la Gente, Jorge Passadore, quien se querelló contra el extimonel del colectivo, Luis Moreno porque, según acusa, falsificó su firma y la de la exdiputada de ese partido, Yovana Ahumada, para abrir y gestionar cuentas que el partido mantiene en el Banco Estado.

De acuerdo a una investigación de CiperChile, Moreno habría tramitado dicha acta en una notaría para formalizar el documento, y solicitó la reducción de este a escritura pública. Y, con ese documento ya protocolizado, Moreno pudo abrir y suscribir contratos de al menos tres cuentas corrientes para el partido ante el BancoEstado. 

Esto ocurre, además, a días de que el Servel denunciara al PDG ante el Ministerio Público por presuntos gastos no acreditados realizados en la administración de Moreno. En esa querella se señala que las firmas estaban en un poder que confería a Moreno y a otros tres directivos, la facultad de administrar los instrumentos financieros y administrativos del PDG. Según detalla la acción, la falsificación permitió “la administración irregular de fondos públicos” entregados por el Servel.

Menos jardineros buscando trabajos ocasionales, restaurantes modificando los turnos de sus empleados extranjeros, pequeños comercios atacados y taxis colectivos con cada vez menos pasajeros. La creciente tensión contra la inmigración en Sudáfrica ya está teniendo consecuencias en la vida cotidiana y amenaza con profundizar los problemas económicos del país.

Empuñando palos y bates, envueltos en banderas sudafricanas y gritando consignas contra la inmigración irregular, miles de personas han salido a las calles convocadas por organizaciones antimigración. Exigen al Gobierno la expulsión de los extranjeros indocumentados, a quienes responsabilizan —sin evidencia que respalde esas acusaciones— del desempleo, la delincuencia y la saturación de los servicios públicos.

Las movilizaciones alcanzaron uno de sus puntos más tensos el 30 de junio, fecha fijada por los organizadores como plazo para que los migrantes irregulares abandonaran el país. Aunque las protestas aseguran apuntar contra indocumentados, las agresiones se han extendido hoy a ciudadanos africanos independientemente de su situación migratoria e incluso a sudafricanos confundidos con extranjeros. Manifestantes también han bloqueado el acceso de migrantes a centros de salud y establecimientos educacionales.

El temor ha llevado a países como Zimbabue, Malawi y otros Estados africanos a impulsar la repatriación voluntaria de miles de sus ciudadanos. Sus efectos ya se sienten en sectores altamente dependientes de trabajadores extranjeros, como la construcción, jardinería, hostelería, cuidados y empleo doméstico. Algunos restaurantes han optado por asignar turnos nocturnos a extranjeros para reducir su exposición a ataques, mientras trabajadores domésticos han sido suspendidos hasta regularizar sus documentos.

También han sido atacadas las llamadas tiendas “spaza”, pequeños comercios de barrio frecuentemente administrados por extranjeros, mientras los minibuses utilizados como transporte colectivo han registrado una caída de pasajeros.

La tensión podría aumentar. Un proyecto presentado en junio busca endurecer las sanciones contra quienes contraten irregularmente a extranjeros, con multas de entre 100.000 y un millón de rands. Para analistas y empresarios, una salida masiva de trabajadores no solo amenaza actividades que dependen de ellos: también aumenta las dudas sobre la estabilidad social y económica de Sudáfrica.

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El presidente José Antonio Kast firmó este lunes en el Salón Montt-Varas de La Moneda un proyecto de reforma constitucional que incorpora una nueva causal de cesación en el cargo para autoridades que consuman sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas. La iniciativa establece, además, la obligación de someterse a un examen de detección al asumir funciones y luego de manera periódica y dispone que los resultados sean públicos.

La medida alcanzará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Este cambio constitucional busca reemplazar el actual sistema de controles antidrogas, que hoy está repartido en normas transitorias y leyes sin sanción asociada, por una regulación permanente y con un estándar común.

La firma de esta reforma constitucional se produce a solo cuatro días de la salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, removido el jueves tras dar positivo en la primera muestra de un test de pelo realizado en junio, mientras aún está pendiente el resultado de la contramuestra. Antes, dos seremis ya habían dejado sus cargos por la misma razón, y este proyecto, que se encontraba en etapa prelegislativa en Interior, se aceleró tras este último caso.

Un aspecto que marcará el debate es el perímetro de la reforma: en su primera versión no incluye al presidente de la República, a los jueces, a los fiscales ni a las autoridades de la Contraloría. En el Ejecutivo explicaron que se trata de una razón de diseño constitucional, ya que el jefe de Estado no “cesa” en el cargo como los parlamentarios y en su caso solo procede la acusación constitucional o la declaración de inhabilidad, con el Senado como árbitro final.

En el oficialismo admiten que el mandatario podría incorporarse durante la tramitación legislativa, al menos como sujeto obligado a realizarse el examen. 

En el Congreso, la discusión deberá zanjar los nudos que la reforma deja abiertos: si la causal operará por “consumo” detectado o exigirá dependencia con excepción de tratamiento médico; qué garantías de debido proceso tendrán las autoridades (contramuestra, defensa, órgano que declare la cesación, que en el caso de los parlamentarios hoy corresponde al Tribunal Constitucional); cómo se compatibilizará la publicidad de los resultados con la protección de los datos de salud; y si la destitución de autoridades electas por esta vía resiste el estándar interamericano sobre derechos políticos, que exige condena penal de juez competente para restringirlos.

Al respecto, conversamos con el abogado constitucionalista Javier Couso, quien sostiene que la medida es viable y difícil de objetar ante el Tribunal Constitucional si se establece por reforma a la Carta Fundamental, aunque advierte que sería “demencial” si no garantiza una contramuestra antes de cualquier remoción, ya sea al presidente o cualquier otro cargo.

Couso explicó que una medida de este tipo no puede establecerse por ley simple, ya que para la mayor parte de los altos cargos del Estado (parlamentarios, jueces, integrantes del Tribunal Constitucional, del Banco Central o el propio presidente de la República), las formas de elección, remoción y cesación están fijadas en la Constitución, por lo que la vía obligada es una reforma constitucional. 

Agrega el abogado que sí es posible destituir a una autoridad pública por una conducta personal, como sería en este caso el consumo de drogas.  “Veo muy difícil que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional una reforma debidamente aprobada con los quórums exigidos: si bien existe una doctrina que plantea que, en casos extremos, una reforma constitucional podría ser inconstitucional, se trata de una tesis extremadamente inusual, reservada para situaciones que pongan en riesgo la sobrevivencia misma del régimen democrático”, explica Couso. 

En la misma línea, considera dudoso que una autoridad pública pueda invocar la protección de la vida privada y la honra para evitar ser removida si la sanción queda establecida en la propia Constitución.

Respecto a las autoridades a las que no les aplicaría esta causal de cesación en su cargo, el profesor de Derecho Constitucional asegura que cabe más bien un análisis de razonabilidad, en el que la diferencia entre autoridades designadas y electas no resulta relevante si la sociedad considera que el narcotráfico pone en peligro las instituciones básicas del Estado.

Su principal advertencia apunta al diseño del mecanismo: para evitar la injusticia de un falso positivo y otorgar seguridad jurídica, la reforma debe contemplar obligatoriamente que nadie pueda ser removido sin que exista una contramuestra. “El proyecto sería demencial si no incorpora esa garantía de máxima certeza de que la persona efectivamente consumió drogas, y no debe repetirse lo ocurrido recientemente, cuando se destituyó a una autoridad sin esperar esa verificación”, comentó a 7AM.

Respecto de los mecanismos de defensa disponibles para quienes se sientan injustamente afectados, Couso planteó que, si la causal queda establecida en la Constitución, prácticamente no habría instancias nacionales a las cuales acudir, dada la extrema dificultad de que el Tribunal Constitucional objete la reforma. La única vía que quedaría a los afectados sería recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperar que el caso sea tomado por la Corte Interamericana. 

Con todo, el pronóstico de Couso es que el proyecto tiene bastantes posibilidades de avanzar y prosperar, considerando que se vive, dijo, una época “populista punitiva”, con una enorme demanda ciudadana por perseguir el narcotráfico. 

El texto final del proyecto se conocerá con su ingreso al Congreso, previsto para la próxima semana.

📚 “Historia freak de la Segunda Guerra Mundial”

🎥 “Neuromante”

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Daniel Martínez G.
Editor 7am