¡Bueeeeeenos días, comunidad!

Agosto arrancó con una de esas semanas en que la política parece decidir apurar el paso. Entre el nuevo intento del Gobierno por destrabar la megarreforma, proyectos para “congelar” los precios de los arriendos y las fake news sobre Codelco, las noticias no dan tregua.

En esta edición te contamos, en pocos minutos, lo que realmente necesitas saber para empezar el día bien informado.

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💡 En la edición de hoy:

🗞️ Cómo se viralizó la falsa noticia sobre Codelco que promete entregar 2 millones a cada chileno
🗞️ Megarreforma vuelve a la carga: gobierno define vetar tres artículos y apuesta por votarlos esta semana
🗞️ Los $150 millones que paga al año Porcel TV a TVN
🗞️ Keiko Fujimori ordena despliegue militar en las calles de Perú para enfrentar crisis de seguridad
🗞️ Ministra de Salud por fin habla del polémico proyecto “Escucha su corazón”

Ayer, lunes, el Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio de 2026 creció 2,4% en comparación con el mismo mes de 2025, cerrando una racha negativa de cinco meses.

La cifra está por sobre lo esperado por el mercado y se explica por el alza de la minería, los servicios y el comercio.

Pese a ello, las proyecciones de PIB del año se han seguido ajustando al descenso y ahora ya se sitúan entre los expertos consultados bajo 1,5%.

Frase destacada

El Gobierno busca retomar esta semana la tramitación de la denominada megarreforma, luego de definir que presentará un veto presidencial para eliminar tres artículos incorporados por el Congreso que no cuentan con el respaldo del Ejecutivo. La apuesta de La Moneda es que tanto los vetos como el informe de la comisión mixta puedan ser votados antes del fin de la semana, con el objetivo de dejar el proyecto listo para su promulgación.

La decisión se produce tras el revés sufrido por el Ejecutivo en el Senado, donde no logró acelerar la tramitación de la iniciativa. Ahora, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, concentrará sus esfuerzos en asegurar los votos necesarios para sacar adelante el paquete legislativo, considerado una de las principales promesas económicas del gobierno.

Los vetos apuntan a tres normas aprobadas durante la discusión parlamentaria: el denominado "derecho al olvido" financiero, la prohibición del anatocismo —el cobro de intereses sobre intereses— y una disposición relacionada con el pago a 30 días a las pequeñas y medianas empresas. El Ejecutivo sostiene que estas medidas podrían generar efectos económicos y jurídicos no previstos, por lo que busca eliminarlas antes del despacho definitivo de la ley.

En paralelo, el Congreso deberá resolver el único artículo que quedó pendiente en comisión mixta: el mecanismo de compensación para los municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores. El gobierno espera que esa instancia sesione y despache rápidamente una propuesta para que ambas cámaras puedan votarla durante esta semana.

Pese al nuevo impulso de La Moneda, el camino sigue siendo complejo. Además de los vetos, la megarreforma enfrenta requerimientos ante el Tribunal Constitucional impulsados por la oposición, que cuestionan algunas de sus disposiciones centrales. De esta forma, aunque el Ejecutivo logre destrabar la tramitación legislativa, el proyecto aún deberá superar un último frente judicial antes de convertirse en ley.

El contrato entre TVN y el canal de streaming Porcel TV volvió a instalar el debate sobre la transparencia en el uso de los espacios del canal público. La controversia surgió luego de que el director de Porcel TV, Leonardo "Lalo" Prieto, revelara que su empresa paga cerca de $150 millones al año por arrendar instalaciones de la estación estatal, información que hasta ahora TVN había mantenido bajo reserva.

Según explicó Prieto y reveló el canal Turno, el acuerdo contempla el pago de 297 UF mensuales —entre $16 y $17 millones— por el uso de un estudio de televisión, oficinas y estacionamientos, donde se produce el programa Próceres Prime. El contrato fue firmado el 1 de julio y tiene una duración inicial de seis meses, renovables. El empresario sostuvo que el precio corresponde a valores de mercado e incluso aseguró que evaluó otras alternativas antes de optar por TVN.

La revelación ocurre pocos días después de que una investigación de CIPER cuestionara la falta de transparencia del canal estatal respecto del convenio, especialmente por los vínculos entre Prieto y Felipe Costabal, actual director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del Gobierno y exsocio del empresario. TVN respondió que no divulga los montos ni las condiciones económicas de ninguno de sus contratos comerciales y afirmó que todos se suscriben bajo criterios de mercado y en igualdad de condiciones con otros actores de la industria.

El caso reabrió la discusión sobre el equilibrio entre la necesidad de que TVN genere ingresos mediante el arriendo de infraestructura y el estándar de transparencia que debe exigirse a una empresa pública. Mientras el canal defiende la confidencialidad de sus negocios para competir en el mercado audiovisual, críticos sostienen que el origen estatal de la estación justifica un mayor acceso a la información cuando existen posibles conflictos de interés.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles como parte de una ofensiva para enfrentar la creciente crisis de seguridad que vive el país. La medida, que comenzará a implementarse en los próximos días, busca reforzar el trabajo de la Policía en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria informó que los militares no solo patrullarán las calles, sino que también participarán en labores de seguridad en el sistema de transporte público y en los centros penitenciarios, donde apoyarán el control de las cárceles tras un acuerdo adoptado por su gabinete.

"En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte", afirmó Fujimori, quien aseguró que la lucha contra la criminalidad será una de las principales prioridades de su administración. La presidenta asumió el cargo hace menos de una semana, luego de imponerse en una estrecha segunda vuelta electoral.

El anuncio se produce en un contexto marcado por el aumento de la violencia, las extorsiones y el fortalecimiento de bandas criminales, fenómenos que han instalado la seguridad como una de las principales preocupaciones de los peruanos. La decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno se suma a una tendencia observada en otros países de América Latina, donde los gobiernos han recurrido al apoyo militar para enfrentar el avance del crimen organizado, aunque la estrategia también ha despertado cuestionamientos por sus efectos sobre los derechos humanos y la institucionalidad democrática.

La ministra de Salud, May Chomalí, tomó distancia del proyecto de ley "Escucha su corazón", impulsado por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, al afirmar que no existe respaldo científico para sostener que obligar a una mujer a escuchar los latidos fetales antes de un aborto cambie su decisión.

En entrevista con CNN Chile Radio, la secretaria de Estado señaló que "no hay evidencia científica de que la mujer vaya a cambiar de opinión" tras oír el latido fetal, cuestionando uno de los principales argumentos utilizados por los impulsores de la iniciativa. Sus declaraciones marcan la postura más crítica que ha expresado hasta ahora el Ministerio de Salud o cualquier otra autoridad de gobierno frente al debate.

El proyecto busca modificar el Código Sanitario para que, antes de una interrupción del embarazo bajo las tres causales permitidas por la ley, el médico informe si existe actividad cardíaca detectable y ofrezca a la paciente escuchar el latido. Sin embargo, el texto también establece que, si la mujer rechaza esa posibilidad, el profesional deberá negarse a realizar el procedimiento, lo que, en la práctica, la obligaría a escucharlo para acceder a la prestación.

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“Sería ideal, porque dijeron que nos iban a dar 2 millones a cada chileno, y si lo dan de por vida, bienvenida sea la privatización”. Esa fue una de las declaraciones obtenidas por un canal de televisión entre los transeúntes a quienes se les preguntó qué opinaban sobre la idea de privatizar Codelco. Un argumento que, aunque atractivo, no tiene sustento en la realidad.

Vamos por partes.

Actualmente, no existe ningún beneficio en trámite. La cifra que ha circulado profusamente por redes sociales proviene de una propuesta hipotética de un partido político y no se sostiene en cifras ni en los hechos al contrastar con ninguna valorización de Codelco publicada hasta la fecha.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, señaló el 30 de julio de 2026 en una vocería del partido que, en el marco de una eventual privatización parcial de Codelco, a cada compatriota se le podría hacer llegar "un cheque de hasta 2 millones de pesos". Enmarcó la idea bajo el concepto de "capitalismo popular" y precisó que el esquema contempla que el Estado conserve la mayoría de las acciones, pero ceda el control de gestión a privados, dichos que emitió sin respaldo en cifras ni datos independientes. Sin embargo, no hay ningún proyecto de ley, decreto, glosa presupuestaria ni anuncio oficial que contemple un pago de este tipo.

El diagnóstico financiero que originó este debate no está en disputa, y corresponde al estado financiero que enfrenta actualmente la minera estatal.

Codelco arrastra una deuda bruta superior a los US$26.000 millones, que creció desde unos US$15.400 millones en 2018, cerca de cuatro veces el promedio de las grandes mineras privadas.

En 2025 pagó US$1.127 millones solo en intereses, casi el doble que en 2018. Su producción propia fue de 1.334.445 toneladas en 2025, lejos de los 1,8 millones de 2018, y el año pasado dejó de ser la mayor productora de cobre del mundo. Una auditoría interna detectó además una sobreestimación cercana a 27.000 toneladas en la producción informada para 2025.

Al mismo tiempo, la empresa sigue siendo un aporte fiscal relevante: entregó US$1.778 millones al Fisco en 2025 con un EBITDA de US$6.670 millones, y la Dipres proyecta que transferirá US$3.188 millones en 2026, su mejor resultado en cinco años.

Según cifras de COCHILCO, entre 2014 y 2024 Codelco aportó al Presupuesto de la Nación un promedio anual de US$1.869 millones, equivalente a cerca del 2% del gasto total de la nación.

Para mejorar esta situación, hay propuestas técnicas sobre la mesa, pero que no pasan por vender la propiedad.

El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, planteó retener en caja de Codelco un 40% de lo que genera en vez de entregar el 100% a Hacienda, independizar las divisiones con directorios técnicos y ampliar las alianzas público-privadas por proyecto, todo con el objetivo de mejorar el aporte de Codelco al presupuesto, que es anual y permanente.

Hasta la fecha, el PNL no ha publicado ningún respaldo técnico: ni del monto que difundió como eventual cheque entregado a cada chileno, ni el porcentaje de la empresa que se vendería, ni la valorización supuesta, ni el universo de beneficiarios, ni el tratamiento de la deuda. Kaiser sí precisó el alcance del hipotético reparto, asegurando que cubriría a cada niño, cada adulto mayor, cada mujer y cada hombre del país, lo que permite estimar el universo, pero no el denominador financiero.

Hay además una inconsistencia interna: mientras Kaiser habló de una privatización "parcial o total", la diputada del mismo partido Paulina Muñoz fijó como piso que al menos el 51% de Codelco siga perteneciendo al Estado. Pero aún así, las cifras no cuadran.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) proyecta 20.150.948 habitantes en Chile a junio de 2026. Multiplicado por $2 millones, el desembolso total asciende a unos 40,3 billones de pesos, equivalentes a cerca de US$43.000 millones (considerando un dólar a $930).

Por su parte, la estimación más alta sitúa el valor de Codelco entre US$45.000 y 70.000 millones, y la de Bank of America en torno a US$40.000 millones, de los cuales algo menos de la mitad es deuda neta.

Es decir: la promesa exige una valorización entre dos y cuatro veces superior a cualquier número que un analista haya puesto por escrito. En otras palabras, incluso privatizándose al 100%, harían falta US$43.000 millones netos, después de saldar los más de US$26.000 millones de deuda.

Haciendo el ejercicio en sentido contrario: bajo los rangos disponibles, una venta parcial rendiría del orden de $250.000 a $1.000.000 por persona, cifra que supone vender casi la mitad de la empresa al precio más optimista jamás estimado.

Para agregar un matiz: todas las valorizaciones disponibles son antiguas y la más reciente es de 2023. Hoy, la libra de cobre se transa a US$5,95, un alza de 38% respecto del año pasado, lo que empujaría cualquier tasación al alza. Pero en dirección opuesta juegan la caída de la producción y una deuda que casi se duplicó desde 2018. Aun con una revalorización generosa, la brecha no se cierra.

Y aunque los números cuadraran, jurídicamente requeriría cambios que hoy no existen.

Abrir la posibilidad de participación de privados en Codelco exigiría una ley que transforme a la corporación en sociedad anónima o que autorice enajenar filiales o divisiones específicas, además de resguardos legales para el umbral de control estatal.

También obligaría a modificar su ley de gobierno corporativo y su estructura tributaria, que hoy incluye la entrega del 10% de las ventas al Estado, obligación vigente hasta 2029, con reducción gradual hasta su extinción en 2031; el royalty minero, una sobretasa de 40% por su condición de empresa pública y la entrega de todos sus dividendos al fisco.

En conclusión: la cifra específica no cuenta con respaldo publicado y exigiría que Codelco valiera entre dos y cuatro veces la estimación más alta que se le ha atribuido en dos décadas de valorizaciones disponibles.

📚 “El problema de los tres cuerpos”

🎥 “Cien años de soledad”

¡Muchas gracias por leernos hoy!

Daniel Martínez G.
Editor 7am