¡Bueeeeenos días! ☀️

Este sábado a las 11:30 am llegará hasta la elipse del Parque O’Higgins el presidente José Antonio Kast para encabezar, por primera vez, la Parada Militar. Será un evento con al menos tres novedades.

Primero, en total serán 10.206 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea (FACH), la cifra más alta de los últimos 17 años. Segundo, será el debut de Gendarmería como una fuerza de orden y seguridad y el regreso a las pistas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Y tercero, el desfile tendrá un inusual componente religioso: se realizará el paso de la Virgen del Carmen, quien es reconocida como la “patrona y generala de las FF.AA.”, luego del tradicional “esquinazo” de “El Club de Huasos y de Rodeo Chilenos Gil Letelier”.

Vamos con más noticias.

💡 En la edición de hoy:

Por Noemí Arcos

Mariana Loreto Sepúlveda León tenía 19 años y cursaba cuarto medio en el Colegio Pitágoras de Independencia. La mañana del 29 de agosto de 2008 salió de su casa en el pasaje Logroño, en Conchalí, rumbo a clases, pero nunca llegó. La denuncia por presunta desgracia se hizo en la Quinta Comisaría de Conchalí, la misma unidad donde, 18 años después, un vecino confesó haberla matado.

Por años, la familia sospechó de otro vecino del pasaje, con antecedentes por un delito sexual, que en 2011 negó haber conocido a Mariana y cuya participación nunca se acreditó. En 2022, la madre acusó excavaciones poco profesionales en la vivienda de ese vecino.

El autor confeso, Ghislain Quiroz Carrizo, de 42 años, se presentó el domingo 6 de septiembre pasado y relató que la mató y enterró en su casa, y que en 2013 botó los restos a la basura. Fue formalizado el viernes 11 por homicidio calificado e inhumación y exhumación ilegales, pero horas después la jueza Elizabeth Melero lo sobreseyó por prescripción, tras recibir un informe de la PDI que acreditó que nunca salió del país.

Según La Tercera, cuando se hizo la denuncia, en Carabineros pidieron a la familia esperar al menos 24 horas para denunciar, plantearon la hipótesis de fuga o un embarazo, y la búsqueda policial comenzó una semana después, por insistencia familiar. Para la madre, Marta León, la falla más grave fue no empadronar a los vecinos del pasaje. The Clinic agrega que, entretanto, la familia buscaba por su cuenta en hospitales.

En 2024, la madre recordó en CHV que en la comisaría le dijeron que "usted no es la única mamá que tiene una hija perdida", y responsabilizó a la Quinta Comisaría de las fallas de la investigación.

El fiscal Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Centro Norte, afirmó que Quiroz no figuraba en ningún expediente desde 2008, y según T13 nunca fue persona de interés.

La abogada de la familia, Fabiola Aliante, afirma que pidieron revisar voluntariamente casas del pasaje, incluida una vinculada a Quiroz, y no se autorizó. También critica la falta de recursos, que obligó a la familia a buscar ayuda fuera del sistema, y sostiene que el error de fondo fue no buscar a Mariana apenas desapareció. El padre, Luis Sepúlveda, contó que supieron de la confesión por una de sus hijas y no por la Fiscalía.

En 2009, un carabinero de Chañaral, a más de mil kilómetros, aseguró haber atendido de madrugada a la joven, que habría pedido bloquear su carnet de identidad. Luego declaró que mintió por orden de un superior, que lo amenazó con la baja y la cárcel. Según La Tercera, la presión vino de un suboficial de la Quinta Comisaría de Conchalí, aunque fuentes de la causa hablan de un error administrativo. Aliante se querelló por obstrucción a la justicia, pero la fiscalía de Chañaral consideró el delito prescrito.

Un informe telefónico defectuoso, además, hizo sospechar del padre al fiscal de la época. A los tres años, el fiscal Patricio Cooper archivó la investigación y entregó las carpetas a la familia.

La causa estuvo detenida un año y medio hasta que la reabrió el fiscal regional Xavier Armendáriz, y la reconstitución de escena se hizo recién en agosto de 2021. La madre la describió como una puesta en escena sin resultados y, en 2025, insistía en que las cosas se hicieron mal desde el principio, con diligencias clave realizadas más de una década tarde.

La Fiscalía Centro Norte objetó que la jueza resolviera sin oír a las partes, horas después de fijar una audiencia sobre la prescripción, y el lunes 14 apeló ante la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Aliante calificó la decisión de horrible y vergonzosa y acusó que se ignoró la exhumación de 2013 admitida por Quiroz. El padre reclamó que la audiencia fue apresurada, y la madre dijo a Mega que la jueza pasó por encima del fiscal y de la abogada: "Esa jueza no pensó en nada".

El domingo 13, vecinos y familiares marcharon por el pasaje Logroño. "No toleramos más negligencias, no queremos más Marianas", dijo Marta León, quien culpó al mal funcionamiento del Poder Judicial y a la ausencia del Estado.

La defensa, a cargo del abogado Daniel Cabezas, dijo que la resolución no los sorprendió, porque el tiempo transcurrido es innegable.

Desde el Gobierno, la ministra de la Mujer, Judith Marín, habló de "total impunidad" y llevó al ministro de Justicia su preocupación por la prescripción en casos que afectan a mujeres.

En el Congreso, el diputado Javier Muñoz (DC) impulsa la "Ley Mariana", para que el homicidio, el femicidio y el parricidio no prescriban. "Quince años es demasiado poco", sostuvo, y aseguró tener respaldo de varias bancadas. Pero la norma no sería retroactiva.

Desde el mundo penal, la abogada Paula Pérez Salinas advirtió en Diario El Día que la prescripción suele deberse a investigaciones tardías y que, sin fiscales ni peritos suficientes, "la imprescriptibilidad es solo una palabra más larga para el mismo problema".

Las Fiestas Patrias todavía no comienzan oficialmente, pero ya hay un buen motivo para sacar el pañuelo y empezar a celebrar. Este miércoles 16 de septiembre se realizará una actividad gratuita que llevará comida típica, música y cueca a las 16 regiones del país.

La iniciativa “Chile Baila con Dr. Simi” contempla la entrega de más de 8.500 empanadas, además de 1.000 pasteles y 200 sopaipillas, todo sin costo. La actividad comenzará a las 12:00 horas y se desarrollará simultáneamente en 57 puntos de Chile.

El panorama incluirá además un baile de cueca simultáneo a nivel nacional. En Santiago participará la agrupación Mil Pañuelos, que acompañará la jornada con música y tradiciones chilenas.

La actividad es organizada por Farmacias del Dr. Simi como parte de su iniciativa social Jueves de Bondad, que busca generar espacios de encuentro con las comunidades. La convocatoria es abierta, así que no hace falta pagar entrada ni esperar al 18 para darse el primer gusto dieciochero.

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La reforma de seguridad del Gobierno partió con una idea ambiciosa: crear un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves a la seguridad pública. Pero, tras varias semanas de discusión, el proyecto que busca avanzar en el Senado podría terminar siendo bastante más pequeño.

Los senadores Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN) están afinando una propuesta que elimina dos de los puntos que más ruido generaron: el llamado “quinto estado de excepción” y la posibilidad de interceptar comunicaciones.

La iniciativa original del Ejecutivo contemplaba crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. El Presidente podría decretarlo por hasta 120 días, prorrogables por otros 120, y durante su vigencia se podrían interceptar, abrir y registrar documentos y comunicaciones en la zona afectada.

Esa fórmula, sin embargo, no convenció. La alternativa que ahora toma fuerza es bastante más acotada: reforzar el actual estado de emergencia, incorporando una nueva hipótesis vinculada a amenazas graves contra la seguridad pública. En simple, en vez de crear una nueva herramienta constitucional, la idea es ampliar una que ya existe.

El segundo tijeretazo es a las comunicaciones. La facultad para interceptar teléfonos y otros medios de comunicación, que el Gobierno consideraba una herramienta para perseguir al crimen organizado, quedaría fuera de la reforma.

¿Y qué quedaría entonces? Tres pilares.

Primero, incorporar el crimen organizado dentro de la Constitución, elevándolo a una categoría que permita establecer herramientas específicas para enfrentarlo. Segundo, crear regímenes penitenciarios diferenciados para personas condenadas por delitos asociados a organizaciones criminales y de alta peligrosidad. Y tercero, fortalecer el estado de emergencia actual.

La apuesta de Squella y Longton tiene además una explicación matemática. Para aprobar una reforma constitucional se necesitan 29 votos en el Senado, por lo que el proyecto requiere necesariamente conseguir apoyos más allá de los 26 del oficialismo.

Por eso, la estrategia parece ser bajar la temperatura y concentrarse en aquello donde podría existir mayor acuerdo. La discusión debería retomarse después de Fiestas Patrias, con la expectativa de que la propuesta pueda comenzar a avanzar durante la primera semana de octubre.

La nueva Ley de Seguridad Municipal debía entregar más herramientas a los municipios para prevenir delitos. Pero su reglamento logró algo bastante menos habitual: poner de acuerdo a alcaldes de RN, UDI, FA, PS e independientes.

El problema está en un artículo del reglamento que el Gobierno envió a la Contraloría el 2 de septiembre. La norma establece que las municipalidades deben verificar que sus directores e inspectores de seguridad cumplan los requisitos antes de ser designados. Hasta ahí, todo bien.

La polémica aparece después: si esa obligación se incumple, podría generarse una responsabilidad administrativa que, en el caso del alcalde, podría configurar una causal de cese del cargo.

Y ahí saltaron las alarmas.

Alcaldes como Mario Desbordes, Felipe Alessandri, Jaime Bellolio, Tomás Vodanovic, Karina Delfino y Catalina San Martín cuestionaron que un reglamento pueda llegar a ese punto. Su argumento es que las causales para sacar a una autoridad elegida democráticamente deben estar establecidas por ley y no pueden ser ampliadas mediante un decreto.

Además, los municipios reclaman que la disposición no fue suficientemente discutida con las asociaciones de alcaldes antes de llegar a Contraloría.

El Gobierno, sin embargo, tiene otra lectura: asegura que el reglamento no crea una nueva causal de destitución, sino que explicita cómo aplicar responsabilidades administrativas que ya contempla la legislación vigente.

Ahora la pelota está en la cancha de Contraloría. Los alcaldes piden retirar la cláusula y discutirla nuevamente. El Ejecutivo, por su parte, deberá defender una norma que, en apenas unos días, consiguió algo difícil: unir a casi todo el mapa político municipal en su contra.

Flávio Bolsonaro llega a la recta final de la campaña presidencial brasileña con un problema que no estaba en el libreto: el Supremo Tribunal Federal confirmó que es investigado por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

La pesquisa fue autorizada en julio por el juez André Mendonça, pero permaneció bajo secreto hasta que parte de los antecedentes del llamado caso Banco Master fueron desclasificados. Y el asunto tiene como protagonista inesperado a una película.

Se trata de “Dark Horse”, un largometraje todavía no estrenado sobre la vida de Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

La Policía Federal busca determinar qué ocurrió con los recursos utilizados para financiar la producción. En el centro aparece Daniel Vorcaro, antiguo controlador del Banco Master, detenido por un gigantesco fraude financiero. Flávio reconoció haberle pedido dinero para la película. Según los investigadores, los aportes habrían alcanzado unos 61 millones de reales, cerca de US$12 millones.

Ahora se intenta reconstruir la ruta de esos fondos, incluyendo transferencias canalizadas mediante un fondo con sede en Estados Unidos. Una de las preguntas es si todo el dinero terminó efectivamente en la producción cinematográfica o si parte fue destinada a otras actividades relacionadas con la familia Bolsonaro.

El caso llega en el peor momento político posible. Flávio es el principal candidato de la derecha y las encuestas lo muestran prácticamente empatado con Lula da Silva para una eventual segunda vuelta.

El senador niega cualquier irregularidad y sostiene que se trató de financiamiento privado. La investigación, además, no le impide ser candidato.

Pero el calendario juega en su contra: Brasil votará el 4 de octubre, y la justicia acaba de poner un nuevo protagonista en una campaña que ya venía marcada por la polarización, el escándalo del Banco Master y una inédita crisis dentro del propio Supremo.

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Daniel Martínez G.
Editor 7am