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Hoy, la Sala de la Cámara de Diputados votará la admisibilidad del proyecto de la oposición “Sueldos Protegidos”, una iniciativa que busca establecer la inembargabilidad de las remuneraciones de quienes tengan sueldos menores a 56 UF ($2,3 millones) ante acciones de cobranza, como denunciaron este año algunos deudores del CAE.

Esto ya que, si bien en un comienzo se anunció que solo se embargaría a personas con sueldos mayores a $5 millones, finalmente hubo una serie de testimonios de personas con sueldos inferiores que denunciaron retiros desde sus cuentas bancarias.

El proyecto no cuenta con apoyo de la derecha, por lo que mañana, en caso de rechazarse, no seguirá su debate y además no podrían presentarse iniciativas similares por un año. Por lo mismo, en la oposición se calcula que es probable que el proyecto no sea declarado admisible, lo que le pondrá una lápida.

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Vamos con más noticias.

💡 En la edición de hoy:

Por Noemí Arcos

Mientras la discusión pública del Presupuesto 2027 se concentra en el empleo y en el margen de 0% a 1% que fijó Hacienda, hay un capítulo que se escribió antes y con menos ruido: el de los programas que el Ejecutivo propuso eliminar o rebajar. Los antecedentes están en los oficios que Hacienda envió a las carteras en abril al formular el erario y la Programación Financiera 2028-2031.

El 24 de abril se filtró un documento de 19 páginas que apuntaba a reducir en 30% el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para 2027. Según SciDev.Net, el texto contemplaba una baja de US$190 millones en once programas, incluido el financiamiento de becas de posgrado en Chile y en el extranjero. De concretarse, sería el recorte más drástico a la cartera en décadas.

Horas después, Hacienda reconoció la validez de los documentos y lo atribuyó a un error comunicacional. Días más tarde, el ministro Jorge Quiroz sostuvo en 24 Horas que, aunque los documentos eran oficiales, "descontinuar" no implicaba necesariamente un recorte.

La comunidad científica no quedó conforme. Más de 200 académicos firmaron una declaración pública difundida por CIPER, entre otros medios, alertando sobre la posible discontinuación de instrumentos centrales tales como becas de postgrado en Chile, Iniciativa Científica Milenio, Programa de Investigación Asociativa, Centros de Excelencia, inserción de investigadores, cooperación internacional, nodos territoriales y fondos de publicación científica.

En marzo, además, la ministra Ximena Loncolao confirmó que el recorte transversal de 3% alcanzaría a las Becas Chile de Magíster y Posgrado, y que el Programa InES (Innovación en Educación Superior) de la ANID sería eliminado por duplicidad con otro fondo.

En agosto, el Ministerio de Ciencia reformuló el marco de la discusión. Informó que detectó 1.666 beneficiarios de Becas Chile en incumplimiento y 379 casos judicializados, aseguró que no hay recorte sino "ajustes estratégicos y optimizaciones", y anunció la intención de sumar 50 cupos a la beca nacional de doctorado en 2027.

El mismo oficio de abril tuvo un capítulo para el Mineduc. Según La Tercera, Hacienda sugirió descontinuar 15 programas y ajustar otros hasta en 15%.

Entre los propuestos para descontinuar figuraban el Fondo de Apoyo a la Educación Pública ($167.376 millones ejecutados en 2025), el Programa de Alimentación Escolar ($1.061.028 millones) y la Beca Vocación de Profesor. 

Entre los sugeridos para un ajuste de 15% aparecían el Fondo para la Reactivación Educativa, la Beca Indígena, Educación Rural, los Liceos Bicentenario, la Subvención de Gratuidad ($442.869 millones), el Crédito con Aval del Estado ($899.379 millones) y el Aporte Institucional a Universidades Estatales ($102.657 millones). Este último abrió el primer conflicto de la ministra María Paz Arzola con los rectores estatales.

El ajuste no se limitó a papeles. El 24 de abril el Gobierno decretó un recorte de $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, equivalente a un 2,2% de su presupuesto, que afectó programas de infancia, juventud y pueblos indígenas, y generó críticas incluso en la derecha.

El dato más duro de los últimos días muestra el punto de partida real. Un informe conjunto de la Defensoría de la Niñez y Unicef, publicado el 15 de septiembre, revisó las 188 asignaciones destinadas directamente a programas e instituciones para niños, niñas y adolescentes, comparando la Ley de Presupuestos 2026 con los montos vigentes a junio. El resultado: 86 asignaciones (es decir, 46%) redujeron recursos, 90 se mantuvieron y solo 12 aumentaron. En 54 casos la baja superó el 3%.

Entre las bajas más pronunciadas, según El Mostrador, fueron Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia cayó 28%, y dos líneas de infraestructura educativa retrocedieron 28,1% y 20,5%. A ellos se suman el Sistema de Protección Integral (-3,8%); Apoyo al Recién Nacido (-10,5%); Crecer en Comunidad (-31,1%). 

En respuesta, el subsecretario de Niñez, Marcelo Sánchez, sostuvo en CNN Chile que "más del 50% de los programas o tienen evidencia insuficiente o son derechamente malos", y que el criterio es eficiencia y no cobertura: el programa de ajuares tenía un stock sobredimensionado por la baja natalidad, y los diagnósticos clínicos no ejecutan más del 64% de su presupuesto por cuellos administrativos. 

Detrás hay un argumento demográfico que ambos lados usan. En 2025 nacieron 146.446 niños, 46,9% menos que en 1993. Para Hacienda, menos niños justifica ajustar la escala de algunos programas. Pero para Unicef y la Defensoría es lo contrario: con menos niños debería subir la inversión per cápita. Hoy viven en Chile 4.493.995 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 18,4% está en pobreza multidimensional.

En el primer ajuste del año, Cultura fue la cartera con la mayor caída porcentual, cercana al 10%. Y de cara a 2027, La Tercera informó que Mujer, Cultura y Deportes aparecen como candidatos a apretarse el cinturón, mientras Obras Públicas, Vivienda y las inversiones de Salud concentran los recursos adicionales. La señal oficial es que no se trata de desarmar programas por razones ideológicas, sino de recortar donde haya evaluaciones deficientes, duplicidades o resultados insuficientes.

Tal como te contamos en la edición de ayer de 7am, un informe del CEP consigna que el 83% del presupuesto ya está comprometido por leyes permanentes, lo que obliga a que el ajuste recaiga sobre el gasto discrecional, es decir, becas, programas, fondos concursables y transferencias.

El mismo documento aporta un dato que vuelve exigible la promesa de recortar donde hay malos resultados: el sistema de monitoreo del gasto público, aunque bien evaluado, cubre solo 44,2% del presupuesto. Es decir, más de la mitad del gasto se ajusta sin evidencia sistemática sobre su desempeño. Entonces, cuando el proyecto de ley ingrese al Congreso, la pregunta verificable será ¿cuántos de los anuncios de abril sobrevivieron al papel?

Estudiar en una universidad pública sin pagar arancel dejó de ser una excepción para convertirse en una realidad para una parte importante de los estudiantes de la Universidad de Chile.

Según un balance reciente de la institución, el 44,9% de los estudiantes de pregrado cuenta actualmente con gratuidad. Es decir, casi uno de cada dos alumnos estudia con este beneficio, que cubre el arancel y los derechos básicos de matrícula durante la duración formal de la carrera.

El dato forma parte del balance de la universidad para el período 2023-2026 y permite dimensionar cuánto ha cambiado el acceso al financiamiento de la educación superior en los últimos años.

La gratuidad está dirigida a estudiantes pertenecientes a los hogares de menores ingresos y se extiende a instituciones adscritas al sistema. En la práctica, significa que miles de jóvenes pueden estudiar sin asumir el costo del arancel que, de otro modo, recaería sobre sus familias.

En medio de la discusión sobre el futuro del financiamiento de la educación superior, hay un dato que vale la pena mirar: en la principal universidad estatal del país, casi la mitad de sus estudiantes de pregrado ya estudia con gratuidad.

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“He venido a contarles que Chile está de vuelta”. Fue una de las ideas centrales del discurso de José Antonio Kast ante la Asamblea General de la ONU, en su debut como Presidente. Su mensaje combinó un balance de sus primeros meses de gobierno, una defensa de su agenda económica y una crítica al funcionamiento de Naciones Unidas.

Kast partió mirando hacia atrás. Dijo que Chile se estancó, aumentó impuestos y regulaciones y que el estallido de 2019 llevó al país a un período de “violencia” y “caos”. Su conclusión: ahora su Gobierno está “ordenando la casa”, con un país que, según afirmó, es más seguro, competitivo y tiene menos burocracia.

La seguridad ocupó buena parte de su intervención. El Presidente destacó la caída de los homicidios y de los ingresos irregulares, además del aumento de las expulsiones. “A Chile se entra por la puerta, no por la ventana”, dijo, apartándose por un momento del texto preparado.

Después vino la economía. Kast calificó la Ley de Reconstrucción Nacional como “la reforma económica más importante de las últimas décadas”, destacando la rebaja de impuestos a las empresas y la invariabilidad tributaria. También aseguró que ya se han aprobado más de US$33 mil millones en proyectos de inversión. Pero introdujo un matiz: reconoció que la economía todavía no despega y el desempleo sigue alto. Su explicación fue que los resultados de las reformas tardarán en llegar.

El momento más político llegó cuando habló de la propia ONU. Kast sostuvo que la organización “no ha estado a la altura” de los desafíos actuales y propuso reducir su burocracia, suspender agendas que consideró no prioritarias y reformar el Consejo de Seguridad.

También habló de inteligencia artificial. Su advertencia fue que una tecnología capaz de transformar este siglo “no la está gobernando nadie” y que la ONU debería convertirse en el espacio para discutir sus reglas.

Al cierre, el mandarario volvió al mensaje inicial: “Chile está de vuelta”.

Aquí puedes escuchar el discurso completo.

A un voto de aprobarse quedó una de las reformas clave de la agenda migratoria del Gobierno. La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes la propuesta del Gobierno que buscaba ampliar el plazo de detención de personas con una orden de expulsión administrativa. Se necesitaban 89 votos y obtuvo 88 a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.

El problema —para el Ejecutivo— es que se rechazó por falta de un voto de su propio sector.

La iniciativa pretendía modificar el actual límite de cinco días para concretar una expulsión. La propuesta permitía extender la detención entre 5 y 60 días y renovarla hasta dos veces, llegando en determinados casos a un máximo de 180 días. También abría la puerta a crear recintos especiales para personas sometidas a este procedimiento.

Dos diputados republicanos, Felipe Ross y Stephan Schubert, no estuvieron en la Sala porque acompañan al presidente José Antonio Kast en Estados Unidos. A eso se sumó que parlamentarios del Partido de la Gente optaron por abstenerse, pese a las conversaciones previas con el Ejecutivo para conseguir respaldo.

El resultado expuso así una dificultad más amplia para el Gobierno: tener una mayoría política no siempre significa tener los votos en la Sala. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, reconoció que algunos respaldos que estaban comprometidos finalmente no estuvieron debido a problemas de coordinación y señaló que el Ejecutivo revisará su trabajo legislativo.

¿Por qué votó en contra la oposición? Entre los reparos aparece la efectividad real del mecanismo y el impacto sociohumanitario de extender estos reclutamientos prolongados, así como la afectación sobre grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas o personas cuidadoras, y las condiciones materiales en que podrían cumplirse detenciones de mayor duración.

¿Qué pasa ahora? La reforma queda rechazada y, normalmente, quedaría archivada por un año sin poder debatirse nuevamente. Sin embargo, el Gobierno tiene una alternativa: al tratarse de un mensaje presidencial, puede intentar una insistencia en la otra Cámara, es decir, el Senado. Pero para ello necesita un quórum de dos tercios, incluyendo necesariamente el apoyo de sectores de oposición.

El traspié ocurrió, además, el mismo día en que Kast destacaba ante la ONU los avances de Chile en control migratorio.

El nombre suena contundente: Escudo de las Américas. Pero detrás del discurso contra los carteles, el narcotráfico y el “narcoterrorismo”, todavía existen dudas sobre qué hará concretamente esta alianza impulsada por Donald Trump y cuáles serán sus alcances.

La iniciativa busca coordinar inteligencia, intercambio de información, seguimiento de organizaciones criminales y seguridad fronteriza entre los países participantes. Sin embargo, Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime, advierte que hasta ahora ha habido “mucha retórica política” y poca definición sobre sus objetivos y acciones concretas.

Ese escenario cambió ayer. El Gobierno de José Antonio Kast anunció, desde Nueva York, la adhesión de Chile a la instancia. El Presidente participó en la reunión encabezada por Trump, inicialmente en calidad de observador, y posteriormente ratificó la incorporación.

“Chile ha decidido adherir a la iniciativa internacional Escudo de las Américas”, informó La Moneda, destacando que se trata de un marco de coordinación voluntaria para enfrentar el crimen organizado transnacional.

Kast insistió en que no existe un tratado ni un compromiso militar. “Aquí no hay un tratado (...) es compartir cierta información respecto del crimen organizado”, afirmó, poniendo como ejemplo al Tren de Aragua.

La precisión es relevante porque Estados Unidos también ha vinculado la iniciativa con estructuras del Comando Sur y acciones de cooperación militar. Además, durante una reunión en Panamá, Washington llamó a los países participantes a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), algo que tensiona la posición de países que son parte del Estatuto de Roma, como Chile.

Consultado por la posibilidad de operaciones militares estadounidenses en países miembros, Kast marcó distancia: “Aquí estamos hablando de coordinación, de información, de seguimiento de bandas de crimen organizado, no de operaciones militares”. Según el Presidente, ese tema no fue abordado en la reunión.

La coalición reúne a Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y ahora Chile.

Por eso, el debate para Chile no termina con la adhesión. La pregunta que queda abierta es qué compromisos concretos asumirá el país y hasta dónde llegará su participación en una estrategia de seguridad impulsada por Washington.

Desde la oposición, el presidente del PPD, Raúl Soto, cuestionó la instancia y la calificó como “un espacio de subordinación y de sometimiento” que podría comprometer la autonomía del país.

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Daniel Martínez G.
Editor 7am