¡Bueeeeeeenos días! 🌧️

Hace unos días, el periodista Matías del Río hizo una dura crítica al medio FastCheck, poniendo en duda la neutralidad del proyecto periodístico tras un chequeo de datos realizado a cifras del presidente José Antonio Kast. Acusó un sesgo político, tras lo que su director, Fabián Padilla, salió a defenderse.

Ayer, Del Río debió pedir disculpas al aire en la radio. Reconoció que, tras revisar en detalle el historial de publicaciones de Fast Check, concluyó que sus críticas iniciales sobre un supuesto sesgo fueron “livianas, frívolas y erradas”. El profesional señaló que sus dichos resultaron profundamente injustos y enfatizó la responsabilidad ética de reparar los errores en la misma plataforma y con la misma intensidad en que fueron cometidos.

Cabe destacar que FastCheck se ha destacado por su gran trabajo en verificación de datos. ☝🏼

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Tiempo de lectura: 8 minutos

💡 En la edición de hoy:

🗞️ Kast remueve a Natalia Duco del Ministerio del Deporte
🗞️ Banco Central registra la menor entrada de inversión directa en cerca de un año
🗞️ Gobierno presenta 11 cambios constitucionales con su reforma de seguridad
🗞️ EE.UU. pide a países latinoamericanos que abandonen la Corte Penal Internacional

📰 Una buena noticia

La ciencia siempre trae buenas noticias. Un equipo liderado por la Dra. Jenniffer Angulo, de la UC, logró secuenciar el conjunto más completo de genomas del virus Andes obtenido hasta ahora en Chile. El análisis permitió identificar una nueva variante, denominada ANDV Chi-North, en un hallazgo publicado en The Lancet Microbe.

Pero el trabajo tuvo una aplicación concreta meses después: la información genómica fue utilizada para investigar el origen del brote de hantavirus registrado en mayo a bordo del crucero M/V Hondius, donde murieron tres pasajeros.

“Contar con información genómica nacional no solo nos permite comprender mejor cómo evoluciona el virus Andes, sino también responder con mayor rapidez y precisión frente a futuros brotes”, explicó la Dra. Angulo.

Radar 7am

¿Al estilo Bukele? La cuidada puesta en escena de la “Operación Cancerbero” de Kast y cómo evitar lo que pasó con la megarreforma. Este jueves en la madrugada, acompañado por algunos de sus ministros, el Mandatario llegó hasta la Región del Maule para encabezar el despliegue del gobierno por el traslado masivo de reos de alta peligrosidad a la nueva cárcel de Talca. El operativo fue transmitido vía streaming y activó todas las plataformas del Ejecutivo. La Tercera

EE. UU. incluye a Chile entre 40 economías con riesgo de transbordo ilegal desde China. La administración de Donald Trump advirtió que terceros países podrían ser utilizados para cambiar el origen aparente de productos chinos y eludir aranceles. Chile quedó en el tercer nivel de riesgo, junto con economías de menor tamaño y volumen de transbordo. El Mostrador

Frente Amplio se pone la vara de convocar a 12 mil militantes para sus elecciones internas bajo la sombra de su historial de baja participación. Más allá de la disputa entre Constanza Martínez y Gael Yeomans por la presidencia del Frente Amplio, en ambos sectores reconocen otro desafío para las elecciones de este 15 y 16 de agosto: movilizar a los 55.942 militantes de la colectividad y superar los 12.750 votos de los comicios de 2024. The Clinic

¿Fue una “capitalización histórica” de Codelco lo anunciado por el Gobierno de Kast? El debate entre 2.400 o solo 390 millones de dólares. Nicolás Grau, exministro de Hacienda de Boric, dice que es “confuso” lo planteado por el Ejecutivo, mientras que el presidente del consejo directivo de la cuprífera tiene que explicar la cifra. El País Chile

Jiles lo conducirá: El programa de streaming que alista el PDG grabado al interior del Congreso. La realización de este tipo de contenidos en la sede del Parlamento estaría permitida, mientras no se generen ingresos. Emol

Frase destacada

Crisis en Deporte: Kast remueve a ministra Natalia Duco y al subsecretario Andrés Otero

Después de cinco meses y dos días, Natalia Duco dejó el Ministerio del Deporte. El presidente José Antonio Kast le pidió la renuncia a la secretaria de Estado y también al subsecretario Andrés Otero, luego de que nuevos antecedentes sobre una actividad realizada el 23 de abril reactivaran la polémica por el uso de un vehículo fiscal.

La controversia se originó en una denuncia ante Contraloría. En su respuesta, el Ministerio sostuvo que Duco se había trasladado a una “reunión de trabajo” con ambos gabinetes ministeriales en el domicilio de una exfuncionaria. Sin embargo, un video revelado por El Deportivo mostró a integrantes del gabinete —incluida Duco— participando de un asado con karaoke y bebidas.

La bitácora del vehículo también registra un traslado a Lo Curro a las 20.05, luego al domicilio de la ministra en Las Condes y finalmente a Pudahuel, a las 23.45, bajo el concepto “traslado ministra a reunión en Vitacura”.

La salida se produjo tras una jornada en que Duco fue citada a La Moneda para entregar explicaciones. Según versiones del Ejecutivo, además, la ministra y Otero mantenían una relación tensionada y habían protagonizado varios roces dentro de la cartera. Pasadas las 22.00 horas, Presidencia oficializó ambas renuncias.

El ajuste es el segundo cambio de ministros realizado por Kast desde que asumió. El primero ocurrió en mayo, con las salidas de Trinidad Steinert y Mara Sedini. En el caso de las subsecretarías, Otero es el tercero en dejar su cargo.

Con Ducó suman ya 42 autoridades que han dejado sus cargos desde que inició el gobierno el 11 de marzo, es decir, una solicitud de renuncia cada tres días y medio en promedio.

Gobierno presenta 11 cambios constitucionales con su reforma de seguridad

Pese a que el presidente José Antonio Kast había descartado durante la campaña presidencial la necesidad de hacer cambios constitucionales para avanzar en agendas de cualquier materia, el Gobierno ingresó al Senado precisamente una reforma constitucional que busca incorporar nuevas herramientas contra el crimen organizado y el terrorismo

La iniciativa, llamada Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), propone cambios en materia de seguridad, régimen penitenciario y estados de excepción, once de los cuales incluyen modificaciones a la Carta Magna. Uno de los principales cambios es consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado, al mismo nivel que la seguridad nacional.

Además, se habilitarían regímenes penitenciarios especiales para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico, con restricciones a comunicaciones, visitas, traslados y acceso a beneficios. El proyecto también permitiría crear registros de organizaciones criminales, un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, amplía la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en situaciones especiales definidas por ley, entre otras.

Con el objetivo de afinar un texto que fuera jurídicamente sólido, el ministro Martín Arrau compartió el borrador de la reforma con los parlamentarios oficialistas. Pero la primera revisión estuvo lejos de ser auspiciosa. Según conoció El Dínamo, el documento generó reparos entre los parlamentarios y sus equipos, especialmente después de que los asesores jurídicos de las bancadas detectaran “errores” en la propuesta y plantearan discrepancias respecto de algunos de sus contenidos.

El corazón de la reforma es el inciso tercero del nuevo artículo 9° bis. La norma dispone que quienes sean condenados por delitos de crimen organizado, terrorismo o narcotráfico queden inhabilitados, durante el cumplimiento de la pena y por 15 años después de cumplida esta, para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales vinculada a los derechos de salud, educación, trabajo y seguridad social. Quienes ya reciban alguna de esas prestaciones al momento de la condena, agrega el texto, “las perderán de pleno derecho”.

En el oficialismo consideran que la fórmula no distingue gravedad del delito ni tipo de prestación, lo que —advierten— podría tensionar los estándares de proporcionalidad exigibles a toda restricción de derechos. El reparo más sensible apunta a una nueva atribución que se agregaría a las facultades especiales del presidente de la República: la de declarar que una organización tiene el carácter de “criminal transnacional”.

Las críticas también han llegado desde la oposición. La exministra del Interior, Carolina Tohá, criticó duramente la agenda de seguridad, señalando que hay iniciativas que “buscan generar señales políticas más que resolver problemas concretos. (…) No hay otra explicación de por qué están ahí que no sea polarizar y dar señales”.

El diputado del Partido Libertario Pier Karlezi se permitió criticar la iniciativa y desafiar directamente el mandatario: “No vamos a paralizar el país por la agenda de seguridad. No es el camino, presidente”, sentenció

EE.UU. pide a países latinoamericanos que abandonen la Corte Penal Internacional

Estados Unidos elevó la presión sobre sus aliados latinoamericanos para que abandonen la Corte Penal Internacional (CPI). El llamado fue realizado por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, durante una reunión en Panamá de la Coalición de las Américas contra los carteles, impulsada por el Presidente Donald Trump.

Hegseth sostuvo que el tribunal, con sede en La Haya, representa una amenaza para la soberanía de los países y pidió “encarecidamente” a los integrantes de la alianza retirarse del organismo. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI.

La coalición está integrada por 16 países, entre ellos Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay. Bahamas, Chile y Perú participan como observadores, aunque Lima se incorporaría próximamente como miembro pleno.

El planteamiento se produce en medio de la ofensiva de Trump contra el narcotráfico, que contempla ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Según un conteo de AFP, esas operaciones han dejado unos 215 muertos en 53 ataques, mientras organizaciones de derechos humanos y juristas internacionales han cuestionado las acciones y advertido que algunas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, materias que pueden ser investigadas por la CPI.

Hegseth también criticó las investigaciones del tribunal y acusó a sectores internacionales de intentar extender ilegalmente su jurisdicción sobre militares estadounidenses y sus aliados. La administración Trump, de hecho, ha sancionado a jueces y fiscales de la CPI, principalmente por investigaciones relacionadas con Israel.

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Por Noemí Arcos

Banco Central registra la menor entrada de inversión directa en cerca de un año

La economía chilena recibió entre abril y junio US$7.883 millones netos de financiamiento desde el exterior, el mayor monto trimestral desde el tercer trimestre de 2022, según las cifras de balanza de pagos publicadas por el Banco Central. 

Pero, al mirar con detención cómo se compone dicho número, se matiza dicha lectura: la inversión directa, es decir, la categoría que financia proyectos productivos y participaciones de largo plazo en el país, aportó US$1.497 millones, cerca de un quinto del total.

Según el Resumen de Balanza de Pagos, las entradas netas por inversión directa sumaron US$1.497 millones entre abril y junio. Esto es un 36% menos que los US$2.355 millones del primer trimestre y un 27% menos que los US$2.043 millones de igual período de 2025. Es también el registro más bajo desde el tercer trimestre del año pasado.

Acumulado entre enero y junio, la inversión directa neta llega a US$3.852 millones. Es un 12% más que los US$3.438 millones del primer semestre de 2025, pero un 30% menos que los US$5.472 millones de 2024 y un 31% menos que los US$5.550 millones de 2023.

En su informe del primer trimestre, el Banco Central señala que la inversión extranjera directa en Chile alcanzó US$5.451 millones, impulsada principalmente por la reinversión de utilidades, mientras la inversión directa chilena en el exterior fue de US$3.096 millones. 

El documento aporta, además, la cifra de la renta devengada por la inversión extranjera en Chile, es decir, lo que ganaron acá las empresas de capital extranjero. Según el informe, alcanzó US$7.021 millones en ese trimestre, por sobre los US$5.451 millones que ingresaron por inversión extranjera directa en el mismo lapso. Descontada la renta que Chile obtuvo por sus inversiones fuera, US$1.814 millones, el pago neto al exterior por rentas de inversión directa fue de US$5.207 millones.

Esto ayuda a entender cómo funciona la reinversión de utilidades: no es capital que cruce la frontera, sino ganancias generadas en Chile que las empresas decidieron no enviar a sus casas matrices.

En la serie que el Banco Central publica desde 2013, hay semestres bastante peores: en 2015 y en 2017 el primer semestre cerró en negativo, con salidas netas de US$504 millones y US$833 millones respectivamente. El punto más alto del período fue el primer semestre de 2020, con US$7.223 millones.

El grueso del ingreso de capitales del trimestre no fue inversión directa sino la categoría "otra inversión", que agrupa préstamos, depósitos y créditos comerciales: US$5.888 millones netos. En sentido contrario, el Banco Central siguió comprando reservas internacionales, por US$1.103 millones, en el marco del programa de acumulación iniciado en agosto de 2025.

Dicho de otro modo: el país se financió desde afuera principalmente por la vía de deuda y depósitos, y en mucho menor medida por capital que se instala a largo plazo.

La diferencia entre las dos formas de financiarse desde el exterior se parece a la que hay entre recibir un socio y pedir un crédito. 

La inversión directa es el socio, es decir, alguien que pone dinero para quedarse, comparte el riesgo del negocio, normalmente trae equipos, tecnología y contrataciones, y no exige que le devuelvan el capital en una fecha determinada. 

Los préstamos y depósitos desde el exterior son el crédito: financian igual, pero hay que pagarlos con intereses, tienen plazo y pueden no renovarse si cambian las condiciones internacionales.

Ninguna de las dos es buena o mala en sí. Pero la proporción entre una y otra hace la diferencia por la solidez de ese financiamiento, ya que mientras más pesa la deuda y menos el capital que se instala, más expuesto queda el país a que un cambio de humor en los mercados externos le corte el flujo.

Hay un segundo matiz. El componente principal de la inversión extranjera directa en Chile no es dinero que llegue desde afuera, sino utilidades que empresas de capital extranjero ya instaladas en el país ganaron acá y decidieron no sacar del país. 

Es parecido a que el dueño de un negocio deje la ganancia del mes en la caja en vez de retirarla: contablemente se registra como inversión, y lo es, pero no significa que alguien nuevo haya decidido entrar al país ni que se esté levantando un proyecto que antes no existía. Por eso la cifra puede subir o bajar por razones que tienen poco que ver con la confianza en la economía; basta que una empresa grande reparta dividendos un trimestre y no el siguiente.

El 18 de agosto el Banco Central publicará el informe completo del segundo trimestre, con la cuenta corriente, el desglose entre flujos brutos y netos de inversión directa y las revisiones de las cifras preliminares. Recién entonces será posible saber si la caída de la inversión directa del trimestre fue un movimiento puntual o el inicio de una tendencia. 

Radar 7am

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Daniel Martínez G.
Editor 7am